Tampoco explicó por qué si el buen oficiante designado señor Norman Girvan falleció en abril de 2014, ahora es que nosotros venimos a solicitar que se designe su sustituto
El pasado lunes 6 de julio el presidente Maduro anunció dos (2) decisiones sobre el Esequibo, con las cuales en el fondo estamos de acuerdo, sin justificar el retardo de la primera ni la forma de presentar la segunda.
En primer lugar, anunció que se dirigirá al secretario general de la ONU para que “avancemos en la definición del buen oficiante”. Por supuesto que compartimos acogerse al Acuerdo de Ginebra como estrategia central de nuestro país, ese es el gran instrumento jurídico que le da mayor fuerza a nuestra reclamación ante cualquier instancia internacional, y ya el secretario general de la ONU en su oportunidad se pronunció por el mecanismo del buen oficiante, para buscar una solución pacífica de la reclamación.
En mi artículo publicado en este diario el pasado 22 de junio con el título “El Esequibo ante la ONU”, propuse como primer planteamiento al secretario general de ese organismo “que designe de inmediato al nuevo buen oficiante para que se ocupe diligentemente de buscar un acuerdo entre las partes que le ponga fin a la controversia por la vía pacífica”. El presidente Maduro no explicó por qué el Gobierno esperó esta situación para plantear el camino que más le conviene a Venezuela. Tampoco explicó por qué si el buen oficiante designado señor Norman Girvan falleció en abril de 2014, ahora es que nosotros venimos a solicitar que se designe su sustituto, mientras tanto la reclamación de nuestros derechos ha estado paralizada.
La otra decisión con la cual estoy de acuerdo, es con la derogación del decreto 1.787 de mayo de este año sobre unas zonas operativas de defensa integral, simplemente por constituir un disparate, que además de violar el Acuerdo de Ginebra en relación a Guyana, se metió de manera imprudente con el tema del Golfo de Venezuela que venía tratándose adecuadamente, lo cual produjo una nota de protesta de la Cancillería colombiana de fecha 17 de junio de 2015, por pretender resolver unilateralmente un diferendo histórico que se debe resolver por acuerdo entre países hermanos. Y por último, trajo la queja de Surinam dado que el referido decreto afectaría su fachada atlántica, es decir, ese decreto nos puso a pelear con todo el mundo y lo que hizo fue fortalecer el argumento de Guyana de que la estamos atropellando. Por eso el nuevo decreto 1.859 del 6 de julio de 2015, en su Artículo 21 deroga “íntegramente” al anterior.