La Contraloría inhabilita a Pablo Pérez por una década

El exgobernador del Zulia confirma a La Verdad que recibió la notificación. Declarará mañana en rueda de prensa. La supuesta entrega discriminatoria de unas becas estudiantiles para jóvenes de pocos recursos podría ser la causa principal de la sanción  

La Contraloría General de la República (CGR) notificó el pasado viernes a Pablo Pérez Álvarez, exgobernador del Zulia, que fue inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier tipo de cargo público. El dirigente de Un Nuevo Tiempo, que gobernó el estado en el período 2008-2012, es acusado de violar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, según la resolución 01-00-000-181. 

El ex precandidato presidencial es el tercer político de la oposición sancionado en menos de una semana (María Corina Machado, exparlamentaria, y Enzo Scarano, exalcalde de San Diego, fueron inhabilitados por un año) y el cuarto desde que comenzó julio (Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, recibió la notificación el 6 de este mes). Tras saberse la noticia, La Verdad hizo un contacto telefónico con Pérez Álvarez, quien se encontraba reunido con sus abogados y se negó a dar declaraciones hasta el próximo lunes, cuando ofrecerá una rueda de prensa. 

El líder zuliano también es el tercer exgobernador de la oposición inhabilitado en lo que va de año, luego de que se sancionara en mayo a César Pérez Vivas, de Táchira, y en junio, al exiliado Manuel Rosales; ambos por siete años.

“El gobierno y el Psuv me inhabilitaron por 10 AÑOS, otro ensañamiento contra la disidencia democrática”, denunció Pérez Álvarez en su perfil de Twitter, @PabloPerezOf.

El Gobierno materializa así una sanción que parecía tener jurada el dirigente desde que abandonó el Palacio de los Cóndores. Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, aseguró el pasado 15 de julio, en unas declaraciones para El Correo del Orinoco, que a Pérez se le investigaba por el caso de unas becas estudiantiles que se ofrecieron a jóvenes de escasos recursos, quienes tenían que cumplir el requisito de militar en un partido de oposición. 

La certeza

La inhabilitación de Pablo Pérez reafirma aún más las sospechas de la MUD, quienes advirtieron hace semanas que el plan del Gobierno nacional era sacar de carrera a varios líderes influyentes en la oposición. 

Después de que el exmandatario hiciera oficial el recibimiento de la notificación que lo deja fuera de la vida política por una década, varios de sus compañeros de la MUD se solidarizaron con él en las redes sociales, colocando su nombre entre las tendencias del país. “Elecciones en dictadura. Pablo, todo mi respaldo”, escribió en su cuenta la exdiputada Maria Corina Machado.

UNT, la tolda del dirigente, exigió al Gobierno nacional “el cese inmediato de las inhabilitaciones políticas a ciudadanos venezolanos sin que medie un proceso legal justo y oportuno”. Aseguraron en un comunicado de prensa que denunciarán ante la comunidad internacional, el uso absolutamente ilegal de la  inhabilitación como mecanismo para intentar hacer desaparecer a la alternativa democrática y la evidente complicidad de los poderes públicos para su implementación.

Más votos

Elías Matta, presidente de UNT en el Zulia, rechazó la inhabilitación. Rememoró que durante el período parlamentario 2000-2005 discutieron la Ley de la Contraloría General de la República y uno de los voceros más importantes de la oposición fue Gerardo Blyde. “Una de las cosas que decía, en aquel entonces, es que en ningún país democrático se le delega a una persona la potestad de quitarle los derechos políticos a otro ciudadano y que la única forma de que eso pase es a través de un juicio penal y con una sentencia firme”.

El alcalde de Baruta explicó -según el relato de Matta- que si un ciudadano tenía la posibilidad de quitarle los derechos políticos a otros, eso podía terminar en una inquisición. “Lamentablemente, esas palabras que dijo Blyde hace diez años son una realidad, esto se ha convertido esto en una persecución de líderes opositores para tratar, fundamentalmente, de desanimarnos y que el pueblo se pregunte para qué votar si aquí no hay nada que hacer”. 

Matta considera que “el pueblo de Venezuela tiene claro lo que tiene que hacer, sabe que el Gobierno está tratando de bajarnos el ánimo y que por cada inhabilitación más ganas le vamos a poner”.

Tras la pista

Desde su salida del poder, Pablo Pérez fue denunciado por supuestas irregularidades administrativas. El legislador estatal, Eduardo Labrador, dijo en enero de 2013, que la gestión de Pablo Pérez “tuvo un sobregiro en 2012 de 718 millones de bolívares” y destacó que “utilizó 111 mil millones de bolívares en propaganda”.

Salvador González, secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación del Zulia, y Rafael Villasmil, presidente del Programa de Alimentación Escolar del estado Zulia (PAEZ), acudieron en febrero de 2013 al Ministerio Público (MP) para denunciar una supuesta malversación de fondos, a través del PAEZ, con 14 millones de bolívares que se utilizaron para  intereses propios y partidistas durante la gestión de Pérez.

La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, encabezada por Carreño, conjuntamente con legisladores del Consejo Legislativo del estado Zulia, hizo ese mismo año un recorrido por las distintas “obras inconclusas”  del exgobernador, a fin de constatar las denuncias por presuntos hechos de corrupción en la misma.

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