Esta
En una democracia de verdad quien habilita o no a un ciudadano para ejercer su representación es el pueblo, quien hace uso de ese derecho a través del voto y solo el ciudadano elector debe tener el derecho a elegir, reelegir o revocar, para cargos de elección popular.
En Venezuela, el actual control que ejerce el Poder Ejecutivo y el partido de Gobierno sobre el resto de los poderes públicos, es utilizado para perseguir a sus adversarios políticos, abusando del ejercicio del poder e impidiendo que sea el pueblo en uso de sus derechos, quien se pronuncie sobre los méritos de quienes deban representarlo, pero el Gobierno pretende impedir que haga efectiva su decisión de pronunciarse el próximo 6 de diciembre por el cambio político que la gran mayoría de los venezolanos está apoyando.
Esta actitud del oficialismo, es una prueba clara de que ya están convencidos de que la inmensa mayoría de los venezolanos, rechaza su fracasada gestión de Gobierno, y tienen miedo de que se exprese libremente. Entonces utilizan la persecución política y el abuso de poder. Creen que pueden intimidar a todo un pueblo que los quiere cambiar persiguiendo a sus dirigentes, pero están muy equivocados.
La voluntad de cambio representada en la unidad de la sociedad democrática venezolana no se dejará atemorizar y a pesar de los perseguidos, de los presos, de los inhabilitados, de los exiliados, por el único delito de pensar distinto; la decisión de producir el cambio político urgente que necesita Venezuela no se detendrá y estas persecuciones injustas, lo que hacen es estimular el propósito de continuar en la lucha, para sustituir a los responsables de la escasez, el alto costo de la vida, de la inseguridad personal y de la gran corrupción que ha caracterizado al actual Gobierno. Mientras que los que se robaron los 25 mil millones de dólares que denunció el exministro Giordani gozan de impunidad, la Contraloría General de la República solo hace uso de sus atribuciones, para perseguir a los adversarios políticos del Gobierno, pero permite la impunidad de los que realmente se han robado el dinero de todos los venezolanos; que son protegidos por pertenecer al partido de Gobierno o ser testaferros de sus dirigentes. Inhabilitemos políticamente al Gobierno votando el 6 de diciembre por la Unidad Democrática.