Como autoridades y docentes universitarios, entendemos con sobrados argumentos, la desmotivación de la comunidad universitaria
De manera contundente, el Consejo Universitario de LUZ, en su sesión ordinaria del pasado 7 de octubre, fijó ante la opinión pública la posición institucional sobre la situación de conflicto planteada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), en virtud de los perjuicios que implica la cláusula 83 -relativa a las tablas generales de sueldos y salarios- así como otros aspectos de la II Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario (IICCU) que se contraponen al sostenimiento de una vida digna.
El principal error ha sido establecer tablas salariales sin tomar en cuenta el costo actualizado de la canasta básica familiar, que de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los trabajadores (Cendas), supera ampliamente los 60 mil bolívares.
La convención no considera la progresividad de los derechos laborales y la protección de la carrera docente, que obliga al Estado a garantizar a los educadores “un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión; así como el derecho de toda persona a disponer de bienes y servicios de calidad”.
Como autoridades y docentes universitarios, entendemos con sobrados argumentos, la desmotivación de la comunidad universitaria ante sueldos que representan un retroceso en las conquistas y que merman la productividad laboral, con consecuencias devastadoras para el desarrollo científico y tecnológico del país.
Desde hace tiempo venimos alertando sobre la impactante fuga del capital intelectual de nuestras universidades, acelerada por el deterioro progresivo de los salarios y las variables socioeconómicas.
Lo más lamentable es que se afecta injustamente al estudiantado, perturbando la prosecución de sus estudios y la calidad de la enseñanza, ante la disminución de la plantilla de profesores.
No se trata solo del reinicio de clases; las repercusiones son mayores, como la masificación obligada en las aulas, el deterioro de la calidad académica y de la pertinencia social, principios medulares que sustentan los programas y funciones de la institución.
Consideramos justa la disconformidad que el gremio docente ha manifestado ante las deficiencias de la II CCU. Autoridades y gremios nos constituimos en portavoces de este sentir y apelamos nuevamente, a la buena voluntad del Gobierno, del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología para que se propicie un diálogo efectivo que tome en cuenta los reclamos de Fapuv en respeto a la dignidad y mejora salarial a la que todos los venezolanos tenemos derecho.