Francisco Caly Aizpurúa, de 31 años, fiscal de la Sundee, y otro ciudadano, resultaron detenidos por presuntamente cobrarle 30 mil bolívares al dueño de un local del sector La Frontera para no implicarlo en delitos de acaparamiento de alimentos. El funcionario permanecerá recluido en la sede del Destacamento Nº 114 de la GNB del sector de La Cañada
El Ministerio Público logró privativa de libertad para Francisco Caly Aizpurúa, de 31 años, fiscal de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundee), por su presunta responsabilidad en la extorsión a un propietario de un local de venta de víveres ubicado en el sector La Frontera, parroquia El Carmelo, municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia.
El delito fue denunciado por la víctima ante funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el pasado 24 de diciembre.
Por el hecho también está imputado Endry Romero Linares, 43 años, un taxista quien habría participado en el hecho.
La fiscal de la Sala de Flagrancia de la citada jurisdicción, Jennys Díaz, imputó al funcionario de la Sundee por la presunta comisión del delito de extorsión agravada, mientras que al taxista se le precalificó extorsión.
Estos tipos penales están previstos y sancionados en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.
La representante del Ministerio Público, el Tribunal 9º de Control de Maracaibo dictó la medida privativa de libertad contra Caly Aizpurúa, quien fue remitido a la sede del Destacamento Nº 114 de la GNB que opera en el sector de La Cañada.
Por su parte, a Romero Linares le acordaron una medida cautelar consistente en la presentación periódica cada 30 días ante la citada instancia judicial y de una fianza.
El pasado miércoles 24 de diciembre el comerciante denunció ante efectivos castrenses que el fiscal de la Sundee y otra persona habían ingresado el día anterior en dos oportunidades a su comercio con el fin de solicitarle 30 mil bolívares a cambio de no implicarlo en irregularidades administrativas vinculadas al acaparamiento de productos alimenticios regulados.
Funcionarios coordinaron una entrega controlada de dinero en el sector La Frontera, donde los militares lograron capturar a los imputados, quienes se presentaron al lugar a cobrar el dinero que le habrían solicitado a la víctima.
Seguidamente, fueron puestos a la orden del Ministerio Público.
Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo tipo sedan, propiedad del taxista.