El chavismo solicitó que el TSJ anule la juramentación de esos diputados opositores, electos por el estado Amazonas, cuya investidura el Supremo había suspendido cautelarmente tras una denuncia del gobernante PSUV por supuesto fraude en las votaciones
Tres documentos entregó ayer el bloque de “la patria” a Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La fracción parlamentaria chavista pidió al máximo tribunal que declare la nulidad de cualquier decisión que tome la nueva Asamblea Nacional (AN) mientras en la misma continúen los tres diputados suspendidos cautelarmente que juraron el miércoles sus cargos.
El chavismo solicitó que el TSJ anule la juramentación de esos diputados opositores, electos por el estado Amazonas, cuya investidura el Supremo había suspendido cautelarmente tras una denuncia del gobernante PSUV por supuesto fraude en las votaciones.
El diputado chavista Pedro Carreño indicó que en las tres demandas presentadas piden también al TSJ que ordene al Ejecutivo “la prohibición de publicar en la gaceta oficial cualquier acto que apruebe la Asamblea por estar viciada de nulidad absoluta”.
Carreño detalló que el documento más extenso explica en siete puntos como, a su juicio, “el Poder Legislativo nacional está en desacato, se coloca al margen de la Constitución” y piden aplicar el principio de reciprocidad para que así, el resto de los poderes tenga que “desconocer a la Asamblea, inhabilitarla”.
Si la máxima instancia judicial del país secunda la acción jurídica de los chavistas, en palabras del propio Carreño, la AN quedaría “inhabilitada de hecho para interpelar a los ministros, para llamar a los demás poderes. Que los poderes de la República hagan caso omiso en ese circo que tienen montado, todo lo que se apruebe, lo que se legisle, está viciado de nulidad”, soltó.
Otro de los recursos presentados responde a la decisión adoptada por la nueva AN de investigar en una comisión la designación de una docena de magistrados por el Parlamento saliente el pasado 23 de diciembre.
Esta decisión aprobada ayer subroga “de manera fraudulenta facultades del poder ciudadano”, afirmó Carreño y señaló que, una vez designadas las autoridades que integran el TSJ, solo pueden ser destituidas previa calificación de la Defensoría del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General.