Ese asalto y el robo de un arsenal tienen fuertes repercusiones nacionales e internacionales. El tema no es político y así debe tratarse
El asalto a la sede de la Guardia de Honor Presidencial, no puede pasar desapercibido por la institucionalidad de este país. Hablamos de una fortificación militar cuyos ocupantes forman una brigada con componentes de todas las ramas que constituyen la Fuerza Armada Nacional y funcionarios policiales y civiles de todas las existentes en el país en materia de inteligencia y contrainteligencia. Esa Guardia de Honor según el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene como objetivo específico, velar por la seguridad inmediata y permanente del Presidente de la República, sus familiares, allegados y a quienes el Presidente señale. Pero además, es el órgano de seguridad de presidentes y dignatarios extranjeros en visitas a Venezuela.
Por lo tanto, ese asalto y el robo de un arsenal tienen fuertes repercusiones nacionales e internacionales. El tema no es político y así debe tratarse. Es de seguridad, de soberanía y de eficacia en su subsistencia misma. Penetrar en ese recinto y apropiarse de armas de guerra, es una audaz acción militar, que se juzga en jurisdicción militar. No termina el incidente con la captura de los asaltantes y recuperación de las armas; esa etapa advierte de una tremenda y descomunal falencia de un componente fundamental y emblemático de nuestra Fuerza Armada. La repercusión ha sido solapada, pero demuestra que actos de este tipo, la utilización masiva de granadas y armas de guerra, usadas para asesinar a policías y guardias nacionales, la existencia de bandas criminales formadas por funcionarios policiales, que asesinan sin piedad para robar o secuestrar, no se corresponden con un ejercicio pleno de la soberanía nacional, pues al final de toda esta trama, demostramos nuestra evidente vulnerabilidad interna con proyección internacional.
Ese gravísimo suceso demostró una negligencia total, pero además una falla abismal en la inteligencia civil y militar, que dejaron espacios abiertos para una operación criminal, sin contratiempos de ningún tipo. Muy mal parado quedó quien comanda esa Guardia de Honor. Y por supuesto, hasta el presente el comandante en jefe, no ha manifestado al país las medidas severas con relación al caso, que por lo menos se iniciaría con la destitución del comandante respectivo. No hay excusas para ese hecho.