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Los maestros rechazan el pago que reciben mensualmente por su labor. La comunidad docente del estado debatió las medidas que tomarán frente a la crisis salarial y las condiciones laborales que padecen junto a su alumnado. En autobuses llegaron los empleados de los municipios del Zulia para defender sus derechos. La cancha del sector Don Bosco estaba tomada por el profesorado, apoyados con pitos, pancartas y consignas en pro de la conformación de comités de conflicto integrado por docentes, personal administrativo y obrero, y representantes de las escuelas.
Luego de que el Comando Magisterial y los docentes se reunieron ayer en una Gran Asamblea General Regional para tratar el incumplimiento en las negociaciones del contrato colectivo, las condiciones de las escuelas y los pagos pendientes del bono navideño, acordaron establecer mesas de discusión en las instituciones para determinar la prolongación del paro y acordar las medidas necesarias.
Rafael Bracho, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, informó que el paro durará el tiempo que determine el Ministerio de Educación y el Gobierno nacional en responder a la situación laboral "precaria", aunque el gremio aseguró que no suspendió las labores. "En el país se están dando conversaciones, pero no hay propuesta de mejora salarial para los empleados del sector educativo". Agregó que continuarán las manifestaciones que conduzcan al logro de los beneficios.
Gualberto Mass y Rubí, representante de Sindicato Unitario de Magisterio del Zulia, advirtió que las asambleas tendrán continuidad bajo las normativas legales que los respaldan, sin intervenir en el derecho a la educación de los escolares. "No vamos a violentar ninguna norma. No hemos suspendido actividades, es el mismo Gobierno el que las suspende cuando nos quita el agua en las escuelas".
El magisterio condenó la actuación amenazante de María de Queipo, autoridad única de educación en el Zulia, en las actas sancionatorias y los mensajes de texto que recibieron en las escuelas por sumarse al paro y catalogar de “ilegal” la medida acatada. “El Presidente desde mayo anunció que se iba a discutir rápidamente. Vamos al tercer mes de 2016 y no hay una respuesta. Se discuten cuatro cláusulas semanales y son 200", criticó Mass y Rubí.
Durante las clases
A las afueras de la Zona Educativa municipal, Queipo expresó que la suspensión de actividades es ilegal. Acordó que la problemática no es que conformen mesas de diálogo, sino que empleen el horario laboral para protestar. “Si yo no voy a trabajar todos los días, vendrán sanciones”. Recalcó que el apego al paro fue de 6,3 por ciento de dos mil 790 colegios en la región.
La autoridad única de educación alegó que hay una propuesta integral para todo el magisterio y los gremios que se engranan con el quehacer educativo. Llamó a la comunidad escolar a discutir las propuestas sin suspender las actividades. "La lucha debe ser abierta y sincera".
Yazmín Ríos, docente del preescolar Los Angelitos.
“El contrato no lo han firmado, aún se discuten las cláusulas y seguimos en nueve mil bolívares, porque además nos restan los pocos beneficios. Pedimos al Gobierno nueve salarios mínimos".
Ibernis Villalobos, docente de la escuela Santa Lucía, municipio Mara
“Gano 356 bolívares diarios y gasto 600 bolívares porque vivo en Carrasquero y viajo todos los días. Este sueldo, en vez de ganar me trae deudas".
Maryoli Santana, vocera del Movimiento Bolivariano de la Familia en Defensa a la Educación
"Estamos dispuestos a que se sumen al paro, pero con las aulas abiertas. Lo ideal es que se lleven a cabo mesas de diálogo, conversatorios, pero sin cerrar aulas".