El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, explicó que este plan se ejecutará inicialmente en seis estados del país para combatir las mafias que promueven el acaparamiento y la reventa de productos a precios especulativos. Denunció la existencia de grupos que cobran por darle prioridad a las personas en las colas de los supermercados y locales
La Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Precios Justos implementarán un plan piloto en seis estados del país para combatir las mafias de acaparamiento y la reventa de productos básicos a precios especulativos, conocidas como bachaqueo.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció la información en entrevista en Globovisión, donde precisó que este plan se ejecutará tanto en entidades de baja densidad poblacional como en otros estados que tienen gran cantidad de habitantes.
“Vamos a actuar de manera coordinada en un trabajo de combate a las mafias bachaqueras en favor de los derechos humanos de los usuarios”, resaltó Saab.
Detalló que esta iniciativa nace a partir del trabajo que ha venido realizando la defensoría, con el cual se ha detectado este tipo de modus operandi que afecta la justa adquisición de productos básicos por parte de los ciudadanos.
“Durante el 2015 y 2016 hemos realizado 5.200 inspecciones a mercados, automercados, cadenas de abastos privados y públicos. Eso nos arrojó un diagnóstico donde, por ejemplo, detectamos que sí existen mafias que toman los primeros 100 o 200 primeros puestos de las colas a través listas y con complicidad interna de empleados de esos grandes supermercados, para facilitar y promover la reventa, el acaparamiento, la especulación”, resaltó.
Indicó que junto al superintendente nacional, William Contreras, se realizó un taller especial para dar luz verde a este protocolo conjunto que coadyuve en la lucha que se emprende desde distintas instancias del Estado para combatir este flagelo.
En cuanto a la práctica del bachaqueo que se realiza, por ejemplo, en zonas como la redoma de Petare del municipio Sucre del estado Miranda, señaló que el organismo que dirige ha recibido denuncias que acusan a los cuerpos policiales de este municipio y del estado de cooperar y formar parte de esta red delincuencial.
Explicó que estos casos son de estricta competencia de la Superintendencia de Precios Justos pero, de igual forma, la Defensoría ha coordinado con otras instituciones con competencias para abordar esta situación, en función del respeto a los derechos la población.
“Tocará combatirlo con base en la Constitución de la República y la ley, porque estos fenómenos no deben ocurrir”, puntualizó.