Académicos: Sentencia contra la primaria es un “atentado” a la democracia

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechazó las “actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia” que -señaló- tienen el objetivo de “judicializar y criminalizar” a la Comisión Nacional de Primaria (CNP)

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspende “todos los efectos” del proceso de la primaria opositora celebrada el pasado 22 de octubre, así como la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, representan un “atentado al orden constitucional y legal” y a la democracia, aseguró este lunes la Academia de Ciencias Políticas y Sociales del país.

En un comunicado, la institución rechazó las “actuaciones del Ministerio Público (MP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)” que -señaló- tienen el objetivo de “judicializar y criminalizar” a la Comisión Nacional de Primaria (CNP), organizadora de las internas, lo que supone también un “atentado” a los “ciudadanos que, de manera cívica, participaron” en este proceso.

El presidente de la CNP, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararon este lunes ante el MP, donde respondieron por denuncias de fraude en los comicios, ganados por la exdiputada María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular hasta 2030.

También este lunes, el TSJ ordenó la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido” por la CNP, luego de recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de “irregularidades”.

Según la Academia de Ciencias Políticas, la elección opositora fue un “evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones” de 2024, y “constituyó un evento cívico” con sustento constitucional, por lo que no hubo “una usurpación de las funciones” del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni “se cometieron ilegalidades”.

La academia, que reafirmó su “defensa de los principios y valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades políticas”, solicitó a los poderes públicos respetar y proteger las “manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven”.

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