"La crisis que sufre Venezuela tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la población y en el disfrute de sus derechos", afirmó Francisco Valencia, representante de Codevida
Representantes de la ONG venezolana Codevida y del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello denunciaron este jueves en la ONU la dramática situación en la que viven la gran mayoría de los venezolanos.
"La crisis que sufre Venezuela tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la población y en el disfrute de sus derechos. El 87 % de la población vive en la pobreza y el 61 % en extrema pobreza", afirmó Francisco Valencia, representante de Codevida, una entidad defensora del derecho a la salud y el acceso a medicamentos.
"Los niveles de inseguridad alimentarios son altísimos. El 55 % de los niños menores de cinco años sufren malnutrición", agregó el activista, citando datos gubernamentales, de Cáritas y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según especificó.
"Más de 8 millones de venezolanos solo comen dos veces por día o menos, y lo que ingieren no es nutritivo. De media, los venezolanos perdieron 11 kilos de peso solo en 2017", aseguró a su vez Eduardo Trujillo, del CDH de la Universidad Católica.
El acto en el que participaron los activistas fue organizado por la ONG defensora de las libertades fundamentales Human Rights Watch y llevado a cabo en paralelo a la trigésimo novena sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ambos activistas intentaron explicar a la audiencia cómo es vivir "sin una distribución regular de agua potable y de electricidad y con una inflación del 233 %", en palabras de Valencia.
El representante de Codevida explicó que ante esta desesperada situación era entendible que 2,3 millones de personas hayan abandonado el país, "entre ellos, el 50 % del personal sanitario de los hospitales públicos".
"Una sola enfermera tiene que ocuparse de 80 pacientes en un día", explicó Valencia, y denunció que "16.000 enfermos renales tienen su vida amenazada porque se han clausurado los centros de diálisis; 5.000 pacientes hemofílicos no reciben tratamiento de coagulación; 33.000 enfermos de párkinson no obtienen medicinas, y 80.000 serepositivos no perciben tratamientos antiretrovirales desde 2017".