La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó este jueves 21 de noviembre en primera discusión el proyecto de ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperial y por la defensa de Venezuela, una iniciativa que emergió como una ofensiva a la Ley HR 825, también llamada Ley Bolívar.
“Cada vez que intenten agredir responderemos con una sonrisa, pero con fiereza. No le vamos a permitir ni una más a esas ratas del imperio”, expresó el presidente Jorge Rodríguez, luego de la votación del proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria.
El parlamentario dio un lapso de una semana para la redacción de la norma y la realización de la segunda discusión.
Con el proyecto de ley se propone castigar directamente a funcionarios, dirigentes y ciudadanos que respalden o azucen, según los criterios del Estado, la aplicación de sanciones “contra el pueblo”. El proyecto de nombra, que obtuvo el carácter orgánico, fue presentado a la plenaria por el diputado Carlos Mogollón.
Según Mogollón, el proyecto de ley nació del “clamor” ciudadano que, afirmó, es víctima de medidas que se constituyen en supuestos delitos de lesa humanidad contra todos los sectores de la población.
“Esta ley surge como herramienta para sancionar a las personas que junto con países gestionen, pidan o coadyuven de cualquier forma a la confiscación de bienes, obstaculicen la real economía venezolana con el fin de evitar la impunidad”, comentó.
Apuntó que el proyecto consta de 18 artículos y que ella plantea la inhabilitación por el doble de la máxima pena a quienes se alíen con agentes extranjeros para afectar con sanciones a la gente. Luego, el diputado Jorge Rodríguez recalcó que esta inhabilitación debe ser perpetua.
Carlos Mogollón, quien preside la comisión especial que se creó para la formulación de esta ley, destacó que el proyecto, una vez que se convierta en ley y entre en vigencia permitirá la facilitación de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio “para los que promuevan, hagan apología a la aplicación de sanciones”.
El parlamentario leyó a la plenaria parte de lo que establece el artículo 2 de la ley. De acuerdo con su exposición, este dice que “en caso de que el procesado o acusado se niegue a asistir a las audiencias preliminares o de juicio, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser escuchado por lo que se le asignará un defensor público (…) si no se quiere someter al proceso entonces el pueblo, invocando los derechos de protección de las víctimas los juzgará en su ausencia”.
Fuente: Tal Cual
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noviembre 15, 2024
