La Asamblea Nacional (AN) declaró persona “non grata” este martes 28 de octubre a Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, por tomar “una postura guerrerista” permitiendo que Estados Unidos despliegue buques en su país y también decidir deportar en masa a 200 venezolanos.
El Parlamento también aprobó la suspensión de los acuerdos gasíferos con la nación caribeña.
Iris Valera, diputada oficialista y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, presentó la propuesta fustigando la “postura guerrerista” de la ministra trinitaria.
Señaló que el mundo busca “amenazas e intentos de violar nuestra soberanía y nuestro derecho legítimo a la autodeterminación, de violar todo lo que se consagra en los instrumentos internacionales” para un “cambio de régimen”.
La exministra de servicios penitenciarios aseguró que Bissessar “forma parte de un plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo”.
“Ella constituye una incitación a la guerra y a la violencia en la región del Caribe”, finalizó.
Por su parte, otros diputados de la Comisión pidieron “entablar los canales diplomáticos necesarios” para evitar las “peligrosas e irresponsables provocaciones bélicas en el Caribe y de toda acción de falsa bandera desde aguas limítrofes con Venezuela, en aras de preservar las históricas y fraternales relaciones entre ambas naciones”.
Del mismo modo, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, tildó a la funcionaria trinitense de “arrastrarse como gusanos” y garantizó que la decisión no afecta “la relación de Caracas con Puerto España”.
“Venezuela ama al pueblo de Trinidad y Tobago y lo ha demostrado repetidamente, pero ese es un Gobierno deleznable el de Trinidad y Tobago, eso es una basura de Gobierno el de Trinidad y Tobago, esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea utilizado como un portaaviones contra Venezuela”, garantizó.
Aseveró que es “inaceptable mantener un acuerdo que favorece a Trinidad y Tobago si Trinidad y Tobago se ha convertido en un agente de la agresión contra Venezuela” y señaló que la decisión responde “a un asunto de honor, dignidad, moral y respeto”.
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