Parisi ofreció estas declaraciones durante una reunión que sostuvo junto a Jairo Ramírez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Zulia, y los habitantes del conjunto residencial las Torres de El Saladillo, sobre los hechos de violencia registrados en los últimos días tanto en las adyacencias de esas residencias como en su interior
Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, manifestó que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, por lo que aseguró que si los ciudadanos “quieren cerrar todas las calles que lo hagan, no hay problema, pero no queremos encapuchados lanzando bombas molotov contra los policías e instituciones, no estamos haciendo nada en contra de los que cierran, pero si empiezan a quemar una casa o carro, vamos a actuar”.
Informó que desde que iniciaron las protestas de calle en las que hubo enfrentamientos entre los manifestantes y los funcionarios policiales (el pasado 10 de abril cuando Primero Justicia y Voluntad Popular marcharon hasta la Residencia Oficial del Gobernador) en menos de un mes detuvieron a más de 20 personas que hoy aseguró están todas en libertad. “Unas fueron liberadas por la policía y otras por la Fiscalía bajo medidas sustitutivas”.
Parisi ofreció estas declaraciones durante una reunión que sostuvo junto a Jairo Ramírez, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Zulia, y los habitantes del conjunto residencial las Torres de El Saladillo, sobre los hechos de violencia registrados en los últimos días tanto en las adyacencias de esas residencias como en su interior.
Ambas autoridades asumieron el compromiso de reparar los daños causados por funcionarios policiales quienes arremetieron contra las torres lanzando bombas lacrimógenas y rompiendo los vidrios de las puertas de acceso a los edificios. Igual sucedió en 2014 cuando los vecinos recibieron una indemnización.
El secretario de Seguridad también anunció que iniciarán las averiguaciones sobre el uso indebido de fuerza y quedó comprometido ante la comunidad de que no van a ingresar de manera violenta. No negó la represión que hubo el 1 de mayo con bombas lacrimógenas, pero resaltó que al igual hubo “combate con piedras” hacia los policías.
Los residentes de las torres entregaron por escrito la demanda de que la Gobernación repara los daños causados y que no permitan más el ingreso de la Policía. Judith Pírela, vecina de la Torre Maturín, recalcó que en los techos de los edificios hay una gran cantidad de bombas lacrimógenas que los uniformados y la Guardia Nacional lanza sin “remordimiento alguno”. Incluso denunció que dentro del conjunto residencial está ubicada la unidad educativa María Teresa Añez Nava que alberga una matrícula de 645 alumnos desde maternal hasta quinto año de bachillerato, que al igual les afectan los gases y la “zozobra” que viven cada vez que hay actos de violencia en el lugar.