Yván Gil aclaró este miércoles, en el segundo día de la comparecencia de Venezuela ante el Comité de DD. HH. de la ONU, que a los inhabilitados no se les ha despojado de sus derechos políticos, por lo que pueden votar y ser elegidos
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, afirmó este miércoles 11 de octubre que en Venezuela los derechos políticos “no se pierden” y que en el país no hay persona alguna, a menos que un tribunal penal así lo decida, que “haya perdido su derecho a elegir o ser elegido”.
Desde Ginebra, en el segundo día de la comparecencia de Venezuela ante el Comité de DD. HH. de la ONU, en Ginebra, en Suiza, el canciller detalló que lo que se ha visto, de acuerdo a lo publicado en varios medios, es que “algunos personeros políticos” han sido inhabilitados de funciones dentro de la administración pública, pero aseguró que no les han quitado sus derechos.
En ese sentido, destacó que estas personas “pueden participar, pueden elegir y ser electos”, pero que, “por hechos de corrupción debidamente documentados en la Contraloría”, han sido inhabilitados de las funciones públicas.
Aclaró que esto es una práctica que es común en la administración pública y no corresponde a una práctica selectiva en contra de algunas personas, al tiempo que indicó que más de 5 mil funcionarios han sido inhabilitados -de todas las corrientes políticas- por presunta corrupción.
Gil también habló sobre la judicialización de los partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia al decir que ni el Gobierno ni el Poder Judicial tienen injerencia alguna en las decisiones y aclara que los militantes de una organización política acuden al TSJ es cuando, de manera interna, no han podido resolver sus diferencias y es ahí cuando se toman decisiones.
Las preguntas de los expertos del Comité, que evalúa en Ginebra (Suiza) la situación de Venezuela durante los días 10 y 11 de octubre, se pasearon por el alcance de los estados de emergencia, ataques a defensores de derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas, represión en las protestas y ejecuciones extrajudiciales por operaciones en zonas pobres, independencia de la Defensoría del Pueblo y efectividad de las políticas anticorrupción.
Fuente: Tal Cual.
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