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La exhortación pastoral de la centésima sexta asamblea ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), llama al Ejecutivo nacional a corregir de raíz el problema que tiene sumido al país en una crisis: “La implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en tener”.
La Iglesia, en un documento leído por monseñor Ubaldo Santana, obispo de la Diócesis de Maracaibo, se expresa sobre diversos aspectos de la vida del venezolano.
Al Consejo Nacional Electoral le recuerdan que tiene “la obligación” de cuidar el proceso de referendo revocatorio para que sea este año. “Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes”.
Para la CEV, la democracia en el país está “resquebrajada” y el Gobierno y demás instituciones obligados a restituirla ya que “no están haciendo lo suficiente”. El diálogo sincero y constructivo “ha de seguir siendo el camino”, afirman y reiteran el ofrecimiento de ser mediadores y “facilitar el encuentro entre los contrarios”.
Critican el discurso “belicista y agresivo” de la dirigencia chavista y la predica constante de la criminalización y el castigo de toda la disidencia. “El acrecentamiento de la fuerza militar es una amenaza a la tranquilidad y la paz”. Consideran inaceptables actuaciones de autoridades y funcionarios públicos, “quienes tienden a convertirse en los sensores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos”.
Derechos humanos
A la Iglesia le preocupa las consecuencias “impredecibles” de vivir “al borde de una crisis” de seguridad, alimentaria y sanitaria, a la que consideran se está acercado el pueblo venezolano con la situación de escasez y carestía de alimentos, medicamentos e insumos hospitalarios.
Creen que una prueba “evidente” de la crisis es lo ocurrido en el Táchira con la apertura de la frontera por un lapso de 12 horas. Abogan por que se restablezcan las relaciones binacionales y el libre tránsito de ciudadanos en los estados limítrofes con la nación neogranadina.
En el texto, que contiene 17 conclusiones, la Conferencia Episcopal dedicó uno de sus exhortos a la situación de los presos políticos, para quienes piden libertad plena “o al menos deben ser juzgadas en libertad como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal”. “Ni los derechos humanos ni la justicia tiene fronteras”.