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Chavismo y oposición acuerdan revisar ley de inhabilitaciones políticas tras tercer ciclo de diálogo

Las partes pactaron una revisión profunda de la legislación nacional, incluyendo la Ley de Partidos Políticos, la Ley Simón Bolívar y la tipificación del delito de terrorismo aplicado tras las presidenciales de 2024

  • La Verdad
  • octubre 22, 2026
  • 8:21 am
Foto: EFE

El chavismo y la oposición acordaron este miércoles 21 de octubre revisar la Ley orgánica de la Contraloría General, específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” políticas en Venezuela, tras concluir su tercer ciclo de diálogo que comenzó hace una semana.

Ambas partes hicieron este pronunciamiento en un momento en el que la oposición ha pedido que se le retire la inhabilitación política a la líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera del país desde diciembre pasado- y que pueda regresar para encabezar la transición ante una eventual elección presidencial.

Los partícipes en el diálogo también acordaron “iniciar un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales”, como la Ley de partidos políticos para “garantizar la participación de todos los actores” en “aras de fortalecer la democracia”, según leyó la jefa de la delegación opositora y presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Dinorah Figuera.

Además, propusieron la revisión de la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024 por la AN presida por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez- y que contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión, así como multas millonarias y 70 años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el gobierno.

Concluido este tercer ciclo de diálogo, Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre próximo.

También, las partes pactaron la revisión de la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales del 28 de julio 2024, que fueron acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.

Fuente: EFE

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