La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de Nicolás Maduro “proteger los derechos a la vida e integridad personal” de María Corina Machado en una modificación que realizó a las medidas cautelares respecto a la líder opositora.
En la Resolución de Seguimiento, Modificación y Ampliación 89/2024 que adoptó el pasado lunes 25 de noviembre, el organismo analizó la “continuidad de eventos de riesgo en contra de” la coordinadora de Vente Venezuela y aseguró que la situación se ha visto incrementada en el “período postelectoral”, indica un comunicado de prensa publicado este miércoles 27 en su portal web.
La CIDH aseguró que entre los eventos se incluyen “agresiones, amenazas y hostigamientos, así como una serie de pronunciamientos estigmatizantes en su contra por parte de altos funcionarios del oficialismo”.
“Se destacó la relación de estos hechos con su participación política y su rol como la lideresa de la oposición en el país. Lo anterior fue valorado a la luz del contexto de represión en el período poselectoral en Venezuela”.
La entidad, basándose en el artículo 25 de su reglamento, señaló que continuará “el seguimiento de la situación de María Corina Machado Parisca en Venezuela” y modificará el “alcance de las presentes medidas cautelares”.
Solicitó la CIDH al gobierno de Maduro que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora María Corina Machado Parisca”.
Pidió que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la beneficiaria pueda seguir desempeñando sus actividades de participación política sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas. En particular, que informe de manera formal a la beneficiaria sobre la existencia de algún proceso de investigación en su contra, incluyendo por lo menos: los hechos que se investigan, los delitos que se le imputan, la fiscalía a cargo de la investigación, y la autoridad judicial competente que conoce de la investigación”.
Aseveró la Comisión que “el Estado deberá permitir que la beneficiaria y/o sus representantes puedan acceder a la integralidad del expediente penal en su contra, si este existe, permitiendo que pueda presentar los recursos correspondientes y garantizando su seguridad en la tramitación del mismo”.
Determinó que el oficialismo debe concertar “las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representación”.
Puntualizó la CIDH que el Gobierno tendrá que informar “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción y vigencia de las presentes medidas cautelares y evitar así su repetición. En particular, se solicita al Estado que realice una investigación con debida diligencia sobre las amenazas y hechos de violencia informados, incluyendo aquellos que podrían haber tenido lugar por parte de funcionarios y/o agentes estatales en contra de la beneficiaria”.
La Comisión también alegó tomar nota de los hechos suscitados en la Embajada de Argentina en Caracas, que lleva 5 días de asedio por presuntos organismos de seguridad y a la que le cortaron el servicio eléctrico y de agua potable.
“En una democracia ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a asilarse en una Embajada o abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad”.
Instó al gobierno de Maduro a “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas venezolanas, así como a agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación”.
Lamentó la “falta de información y de implementación de medidas de protección por parte del Estado, lo que situaría a la persona beneficiaria en una situación de desprotección y vulnerabilidad en el contexto del país”.
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noviembre 23, 2024
