La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) propuso este sábado introducir reformas a la Ley de Amnistía, con el objetivo de corregir fallas en su aplicación e incorporar la participación de comités de víctimas, organizaciones sociales y organismos internacionales.
La organización planteó que cualquier modificación a la norma debe orientarse a garantizar estándares de justicia, reparación y no repetición. En ese marco, insistió además en la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.
El pronunciamiento surge luego de las declaraciones emitidas el jueves por Delcy Rodríguez, quien afirmó que la Ley de Amnistía “llega a su fin”, una expresión que generó críticas y dudas entre organizaciones de derechos humanos.
Rodríguez no ofreció detalles sobre el alcance de esa afirmación. Sin embargo, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la norma, sostuvo posteriormente que la ley no pierde vigencia y que las solicitudes seguirán siendo evaluadas.
Para el Clipp, estas posiciones reflejan contradicciones dentro del discurso oficial, por lo que consideró que existe un “uso inconsistente” del tema y denunció lo que califica como una falta de coherencia institucional en torno a la aplicación de la ley.
En su comunicado difundido en redes sociales, la organización también cuestionó la forma en que ha sido aplicada la amnistía, al señalar que ha tenido un alcance limitado y excluyente. Aunque reconoció que ha permitido la liberación de algunas personas, aseguró que aún permanecen encarcelados cientos de presos políticos, varios de ellos en condiciones de salud críticas.
El Clipp afirmó que su propuesta se enmarca en los llamados al diálogo impulsados por el Ejecutivo y advirtió que no puede hablarse de paz sin la liberación plena de los detenidos por razones políticas y sin garantías de respeto a los derechos humanos.
Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia recordó que la Ley de Amnistía no puede ser derogada de forma unilateral ni mediante declaraciones políticas, sino a través de una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional o o una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
De acuerdo con cifras citadas por autoridades parlamentarias, más de 8 600 personas han sido beneficiadas hasta ahora por la norma, aunque organizaciones independientes aseguran que aún permanecen decenas de casos sin resolver.
Fuente: EFE.
COMUNICADO | La cárcel injusta es la que debe perder vigencia y llegar a su fin en Venezuela
Mientras se emiten comentarios contradictorios sobre la amnistía, la injusticia continúa. Siguen cientos de presos políticos, familias esperando y una verdad que no quieren reconocer.… pic.twitter.com/e7E2FMhddH
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 25, 2026
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