El Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo condenó este jueves 13 de agosto a seis años de prisión a tres jóvenes detenidos en Falcón durante las protestas poselectorales de 2024. El fallo contra los procesados ocurre en medio de los recientes anuncios oficiales sobre acuerdos para iniciar un proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La información fue difundida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) a través de su cuenta en la red social X. La organización detalló que los sancionados son Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot, tres jóvenes trabajadores y pescadores artesanales que permanecen privados de libertad desde el 20 de septiembre de 2024.
El organismo defensor de los derechos humanos precisó que las madres de los chicos, Johely Atencio, Ana Añez y Yackelin Pérez, acudieron al Palacio de Justicia con la esperanza de que sus hijos recuperaran la libertad tras casi dos años en prisión.
Durante el debate procesal, la defensa solicitó la libertad plena al sostener que en el desarrollo del juicio no se presentaron pruebas que demostraran los delitos imputados, además de evidenciar contradicciones en las declaraciones de los testigos aportados por la fiscalía.
La audiencia de conclusiones inició cerca de las 3.00 de la tarde y concluyó alrededor de las 3.30. Los tres trabajadores participaron de manera telemática desde los tribunales de Falcón, mientras sus madres presenciaron el acto en la sala del Palacio de Justicia donde se dictó la sentencia de seis años de cárcel.
Clippve señaló que la aprehensión de los jóvenes ocurrió cuando retornaban de sus labores de pesca en pleno contexto de “represión” posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año.
Sus familiares denuncian que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) les fabricaron evidencias falsas, entre ellas cables oxidados de turbinas eólicas, picos y palas, con el fin de acusarlos formalmente por terrorismo, asociación para delinquir, extracción de material estratégico y sabotaje eléctrico.
El juicio formal arrancó el 30 de abril de 2026, luego de transcurrir más de un año y medio de privación preventiva de libertad. A lo largo del proceso, las familias señalaron severas violaciones al debido proceso, entre las que destaca la imposibilidad de contar con la asistencia de abogados de su confianza.
De igual manera, solicitaron la aplicación de la Ley de Amnistía, pero el beneficio resultó negado por el tribunal.
El Comité criticó que la sentencia se produjo apenas un día después de los anuncios sobre el inicio de negociaciones y acuerdos para reformar el TSJ. Para los familiares de las víctimas, la decisión demuestra que la injusticia continúa y que el sufrimiento de los hogares se profundiza.
Organizaciones y allegados recalcan que no es posible hablar de una transformación real de la justicia mientras persistan juicios viciados por graves violaciones al debido proceso y se ratifiquen condenas sin la existencia de pruebas suficientes, por lo que exigen que Roberto, Rafael y Olbis sean liberados de inmediato.
🚨URGENTE | En medio de anuncios sobre acuerdos para transformar la justicia en Venezuela, condenan a 6 años de prisión a tres jóvenes trabajadores detenidos durante la represión poselectoral de 2024
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— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 13, 2026
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