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El 14 de enero de este año, un taladro perteneciente a la empresa argentina San Antonio Internacional, que le presta servicios a PDVSA frenó sus operaciones por falta de pago. Desde ese momento, sus 72 empleados esperan el cumplimiento de una promesa de reubicación hecha en una minuta firmada por Deisy Uzcátegui, gerente de Relaciones Laborales de la región occidente y Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
Se dirigieron a entes como a la vicepresidencia, el Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo para plantear la problemática, pero no obtuvieron respuesta. Solo les garantizó un adelanto de prestaciones y el pago de su tarjeta de alimentación, pero afirman que no han gozado del beneficio desde hace cinco meses. De no recibir respuesta hoy planean radicalizar su protesta y efectuar una huelga de hambre a partir de mañana.
“Ellos dicen que a como estaba el petróleo no era rentable para ellos trabajar”, dice Franklin Vivas, mecánico en la contratista rodeado de sus compañeros al frente del edificio Miranda de PDVSA. Este era el único taladro ubicado en La Concepción y producía alrededor de cuatro mil barriles diarios. Los trabajadores cuentan que el equipo inició sus funciones durante el paro petrolero. Critican que luego de 13 años no han sido absorbidos por la estatal.
A pesar de que los representantes de PDVSA habrían asegurado que estaba lista la transferencia del personal a compañías como Petrex y Wilson, los empleados conocen que ambas contratistas se encuentran fuera del país. “Nos prometieron estabilidad laboral y nos cayeron a mentiras, nos dicen que esperemos, pero lamentablemente con la situación económica y desempleados, no tenemos plata para seguir manteniéndonos”, señala Kendry Villalobos, operador de equipos de control de sólidos.
Sustituyen cooperativa del comedor de Pequiven
51 trabajadores de la cooperativa Comedor Industrial 001, que opera en la sede de Pequiven de la Costa Oriental del Lago desde hace más de 40 años rechazan la pérdida de sus trabajos por la transferencia de sus labores a la contratista Secoinfal. “Ya nos mandaron a sacar, estamos fuera. Estamos peleando porque se haga justicia. Vamos a seguir luchando por los pasivos laborales, que no los han pagado”, dice Elsa Guerra, auxiliar de cocina al frente del palacio legislativo del estado en la espera para discutir la problemática con el diputado Édgar Mujica.