Quienes defienden la opción pro-voto a ultranza, parten del supuesto, según el cual, la votación sería la única forma de participación política democrática, en otras palabras, sostienen que solo a través del voto se pueden manifestar legítimamente las preferencias políticas de los ciudadanos
En esta oportunidad quiero hablar como ciudadano, no como dirigente político, para dejar claramente establecido que nunca he sido ni seré un abstencionista electoral pasivo, por el contrario, desde 1978, proceso electoral en que voté por vez primera, nunca he dejado de hacerlo, ni siquiera hice mutis en las parlamentarias del 2005 por no estar convencido, en aquella oportunidad, de cuan efectiva sería la abstención, cuyos resultados son harto conocidos actualmente.
En el año 2005, que yo recuerde, ningún Estado nacional u Organización internacional se manifestó en contra de las elecciones, caso contrario a la realidad actual, donde la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima, la OEA y la ONU han manifestado su desconocimiento a la convocatoria y a la realización de la parodia en sí. También en el ámbito interno han expresado su rechazo: la Conferencia Episcopal, las universidades, las academias, los colegios profesionales, el sector empresarial, el sector sindical, los partidos políticos más representativos y diversas organizaciones de la sociedad civil ¿Puede estar equivocada tanta gente?
Uno de los deberes que se suelen asociar con el rol de ciudadano es el deber de votar. Pero ¿qué se quiere decir cuando se afirma que los ciudadanos tienen un deber político, o incluso moral, de votar? ¿Cuál sería la justificación y el alcance de este deber? ¿Se trata de un deber absoluto o, por el contrario, se pudiera pensar que el abstenerse está justificado en algunas ocasiones? En mi caso, me niego a convalidar con mi presencia, una pantomima que solo servirá para intentar legitimar a un régimen hambreador del pueblo.
Como es sabido, una de las justificaciones más frecuentes de la democracia es la que considera que ésta es la única forma de gobierno en que es posible que las leyes y el uso de la coacción sean consentidos por aquellos a quienes se aplican. Quienes defienden la opción pro-voto a ultranza, parten del supuesto, según el cual, la votación sería la única forma de participación política democrática, en otras palabras, sostienen que solo a través del voto se pueden manifestar legítimamente las preferencias políticas de los ciudadanos.
Algunos ciudadanos se abstienen, circunstancialmente, de votar porque: no le convencen las opciones propuestas; el sistema no le permite votar nulo o porque prefieren utilizar otros canales de participación ciudadana en los asuntos públicos.