El gobierno guyanés ha reiterado, que no será ante la instancia de la ONU donde acudirá a tratar sus pretendidos derechos sobre el Territorio Esequibo
La política exterior del Gobierno nacional transita por caminos llenos de serios obstáculos por cuanto en los escenarios en donde debe acudir para dirimir diferencias o conflictos como el caso Guyana o el de cierre de la frontera con Colombia, en ellos pareciera no estar dadas las condiciones favorables a los argumentos manejados por el gobierno de Maduro que sean considerados suficientes para sostener las razones alegadas a su favor.
El gobierno guyanés ha reiterado, que no será ante la instancia de la ONU donde acudirá a tratar sus pretendidos derechos sobre el Territorio Esequibo y ha dicho que su posición es la que dicha materia debe ser ventilada ante el Tribunal Internacional de Justicia. El solo hecho de que ese Tribunal conozca del caso, nos lleva a concluir que para obtener un pronunciamiento definitivo transcurrirá un largo tiempo y mientras eso ocurra, Guyana irá consolidando su presencia en el territorio en disputa, en detrimento de los legítimos derechos de Venezuela.
En el caso del cierre de la frontera con Colombia, consideramos que el presidente Santos a través del manejo de los acuerdos con las FARC para lograr una paz definitiva que ponga fin a una guerra de 50 años, ha consolidado una imagen favorable en el campo internacional, que lo sitúa en condiciones más ventajosas para las negociaciones con Maduro, el que con todo y las razones alegadas para fundamentar el cierre fronterizo, este hecho por la forma como se produjo ha sido visto por la opinión internacional como una violación de los DDHH de ciudadanos colombianos que vivían en ambas márgenes de la frontera.
A ello se agrega que habiendo transcurrido desde los días del cierre un tiempo prolongado y no se hayan sentido en territorio venezolano, concretamente en Táchira, los efectos positivos que supuestamente se buscaban para acabar con el contrabando de alimentos y que tampoco se han percibido las garantías para una reactivación comercial que se traduzca en una vuelta a la normalidad del comercio fronterizo, colocan al gobierno de Maduro en una posición desventajosa para avanzar rápidamente en la reapertura y poder implementar el diseño de lo que se ha dado en llamar una nueva frontera de paz.