19 meses transcurrieron desde la madrugada de la ejecución hasta la acusación legal de los oficiales que actuaron en el operativo
Dos años han trascurrido tras la ejecución por parte de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa de Maracaibo. El operativo, se llevó a cabo el 14 de septiembre del 2015, dejando un saldo de cinco muertos, quienes quedaron identificados como: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Jonathan Olivares (31), Jorge Luis Olivares (41) y Oswaldo Moreno (25). Además de 200 detenciones arbitrarias. Este hecho marcó a los residentes de Santa Rosa tras la violación de sus derechos humanos.
Carlos González, director legal de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), comentó que la investigación con respecto a los hermanos Olivares, es el más avanzado. “La familia Olivares fue a Caracas a tocarle la puerta a la Fiscal General para explicarle lo que estaba ocurriendo. Los Olivares en menos de un mes ya estaban firmando los poderes para nosotros poder actuar judicialmente. Por su parte, los Moreno firmaron cuatro meses después y los García lo hicieron al año”.
Tras la denuncia impuesta por los familiares de los hermanos Olivares, el caso se encuentra en tribunales. “La fiscalía 76 con competencia nacional a cargo del doctor Alejandro Méndez, realizó la acusación en contra de los funcionarios del cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia”. Los cuatro oficiales responsables fueron acusados por homicidio, simulación de hecho punible y por uso indebido de arma de fuego. “Uno de los funcionarios murió a manos del hampa. Los otros tres continúan con sus labores oficiales totalmente normales”.
Los García y los Moreno, han presentado problemas por el retardo judicial. “El señor Moreno tiene un hijo que está detenido y en varias oportunidades ha recibido la amenaza de que lo que él hable aquí lo va pagar su hijo. Una de las opciones que se ha tratado de buscar es ayudarlo en lo mayor posible para que su hijo quede en libertad y pueda irse del país para que así Moreno pueda continuar con la parte del procedimiento contra la OLP”.
A través de su explicación, el abogado señaló que la situación de los hermanos García está más complicada. “La señora es humilde económicamente. Hay dos señoras que nos han ayudado enormemente con ella, pero la señora García es de esas personas que ni llevándola de la mano quiere ir”.
Al solicitar el doctor Alejandro Méndez la orden de aprehensión contra los responsables, el tribunal impuso a los funcionarios dentro de la investigación. “Se denunció hasta inspectoría de tribunales, pero por todo lo que estaba ocurriendo en el país, hubo situaciones de mayor jerarquía, lo que impidió que la acción con una juez suplente tuviera otra repercusión”. En una segunda negativa a la orden de privativa de libertad, el tribunal cita a las partes para ponerles al tanto de la situación, explicó González.
A largo de todas las reuniones nacionales ejecutadas por las distintas organizaciones responsables de los casos, han intentado dar con el responsable de operación de la OLP. “No podemos ir a un señalamiento directo porque no hay algo que certifique quién firmó el decreto, porque tal decreto no existe, todo está basado en el Plan de la Patria y nunca entendimos de dónde sacaron el nombre de la OLP”. Sin embargo, CODHEZ considera que el excomandante Carlos Luis Pérez es el responsable inmediato. “A raíz de lo que ocurrido, lo destituyen y asume el mando Biagio Parisi en conjunto con el gobernador Arias Cárdenas”.