En primer lugar, por el inocultable sesgo de los órganos electorales durante todo el transcurso de la jornada respectiva, a favor de conocidas parcialidades políticas o candidatos
Ya en Venezuela se ha vivido varias veces, y en diferentes circunstancias políticas, la desagradable experiencia de abrigar dudas, razonables muchas de éstas, con respecto a la transparencia de un sinnúmero de procesos electorales, en cuanto a resultados oficiales concierne. En primer lugar, por el inocultable sesgo de los órganos electorales durante todo el transcurso de la jornada respectiva, a favor de conocidas parcialidades políticas o candidatos. Y por el comportamiento del árbitro cuando se le exigen rectificaciones.
Esa grave irregularidad que niega de plano la vigencia y hasta la existencia de la democracia, y además constituye un imprescriptible crimen de lesa humanidad, porque los derechos electorales son derechos humanos, representa hoy una verdad que nadie puede ocultar. Como ya los venezolanos más jóvenes terminaron de olvidar los procesos electorales que se realizaban en la llamada IV República, y que los demócratas reivindicamos como el único período democrático y civilista que hemos vivido en nuestro país (1958-1998), los órganos electorales estaban conformados por profesionales idóneos, seleccionados por cada una de las organizaciones políticas, según su respectiva fuerza electoral, expresada en el parlamento nacional. Incluso, cuando las exigencias de la proporcionalidad desfavorecía a las pequeñas organizaciones partidistas, entonces se sumaban sus pequeñas fuerzas y éstas se hacían acreedoras a una representación, por lo menos.
En lo que respecta a este aciago segmento histórico mal llamado “revolución”, desde el mismo momento que el sin autonomía y sin independencia poder electoral, convirtió en basura la proporcionalidad electoral, el árbitro nacional para garantizar elecciones libres, imparciales y transparentes, es designado según las conveniencias del Poder Ejecutivo. Todo lo contrario de lo que antes sucedía, cuando de la integración del Consejo Supremo Electoral se trataba, que nunca, según lo que aún recuerdo, este organismo estuvo presidido por alguien afecto al gobierno nacional. Lo mismo ocurría con la Contraloría General de la República, con la Fiscalía General y con el Poder Judicial.
De modo que esa debilidad con la que nace el Consejo Nacional Electoral y la conducta militante de sus componentes mientras están en el ejercicio del cargo, han contribuido a la falta de credibilidad que inspira el CNE. A esto se agrega el destino ulterior de quienes cesan en los principales cargos electorales, hoy todos o casi todos militantes del partido de gobierno, ejerciendo además, estratégicas funciones de Estado en diferentes organismos públicos.
Sólo puedo, en el espacio que me permite esta nota, mostrar el origen de esa desgracia que vive un pueblo democrático, cuando los poderes públicos nacionales, como en el caso de Venezuela, son designados para que le sirvan a un amo. Seguiré escribiendo sobre esa perversidad política que ha generado todos los males que estamos padeciendo; incluso la pérdida de la democracia.