Estados Unidos convertirá en permanente un programa que exige a ciudadanos de Venezuela y otros 49 países pagar una fianza de hasta 20.000 dólares para solicitar visas de turismo y negocios.
La medida, impulsada por el Departamento de Estado, establece que los solicitantes de visas B1 y B2 provenientes de los países incluidos en la lista deberán depositar una garantía económica antes de completar el proceso de solicitud.
La fianza será devuelta si la visa es rechazada o, en caso de aprobación, si el viajero cumple las condiciones establecidas y abandona el país dentro del plazo autorizado.
El programa dejará de ser piloto a partir del 3 de agosto, según un aviso que será publicado oficialmente en el Registro Federal. El Departamento de Estado indicó que una revisión de casi un año mostró resultados suficientes para mantener el mecanismo de forma permanente.
La nueva norma eleva el monto máximo de la garantía de 15.000 a 20.000 dólares y elimina el pago mínimo de 5.000 dólares que estaba contemplado en la fase inicial. Los funcionarios consulares podrán establecer montos de 10.000 o 20.000 dólares según cada caso.
Además de Venezuela, la lista de países incluidos contempla naciones como Nicaragua, Cabo Verde, Argelia, Mongolia, Nigeria, Nepal, Tayikistán, Uganda, entre otras.
Los ciudadanos afectados deberán presentar el formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional y aceptar los términos de la fianza mediante la plataforma de pagos en línea del Departamento del Tesoro antes de acudir a la entrevista consular.
El Departamento de Estado aclaró que el pago de la garantía no asegura la aprobación de la visa. Si una persona efectúa el pago sin autorización de un funcionario consular, el dinero no será reembolsado.
El gobierno de Donald Trump implementó este programa en agosto del año pasado como una medida para reducir los casos de personas que permanecen en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas.
Funcionarios estadounidenses han defendido la iniciativa y aseguran que durante los primeros 10 meses del programa piloto los casos de permanencia irregular de ciudadanos de los países incluidos fueron inferiores a 50.
Organizaciones críticas de la medida señalan que la exigencia económica representa una barrera para personas de países con menores ingresos que buscan viajar a Estados Unidos por motivos familiares, educativos o comerciales.
Fuente: El Cooperante.
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