El Departamento de Estado de EE. UU. identificó a casi 2.000 personas que podrían enfrentar restricciones de visado por “socavar la democracia, participar en corrupción o violar derechos humanos” en Venezuela.
En un comunicado divulgado este jueves 12 de septiembre, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que estas restricciones son un claro mensaje de que “la comunidad internacional no permitirá la erosión de la democracia” en el país sudamericano.
Según Blinken, las restricciones de visas se implementaron de acuerdo con la Proclamación Presidencial 9931.
El secretario de Estado se refirió principalmente a las nuevas medidas de sanción y restricciones de visa dirigidas a un grupo de 16 individuos alineados con el gobierno de Nicolás Maduro, en un esfuerzo por fomentar la “rendición de cuentas por el obstruccionismo y abuso de derechos humanos” durante las recientes elecciones presidenciales en Venezuela.
Según declaraciones de Blinken, estos funcionarios, incluyendo líderes del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional afín a Maduro, son responsables de “socavar un proceso electoral transparente y de intimidar a la oposición democrática”.
“Maduro y sus representantes han falsamente reclamado la victoria, mientras reprimen y intimidan a aquellos que se oponen a su mandato ilegítimo,” afirmó el secretario de Estado.
Las sanciones fueron impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que sancionó a más de 140 actores políticos venezolanos hasta la fecha.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó este jueves a 16 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por su implicación en “obstrucciones al proceso electoral presidencial y violaciones de derechos civiles y humanos en Venezuela”.
Los 16 funcionarios venezolanos sancionados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció que entre los funcionarios sancionados se encuentra Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2014, quien es acusado de “apoyar la legitimidad de la victoria electoral de Nicolás Maduro”.
Entre los designados se encuentra Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del TSJ desde 2014, quien fue acusado de “apoyar la legitimidad de la victoria electoral de Nicolás Maduro”.
Otras figuras clave incluyen a Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, y Juan Carlos Hidalgo Pandares, vicepresidente de la misma sala, ambos acusados de “descalificar a importantes candidatos de la oposición”.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ desde enero de 2024, y Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ, también figuran en la lista. Se les atribuye haber “respaldado afirmaciones infundadas de Maduro sobre su victoria electoral”.
Autoridades del CNE
La lista también incluye a Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia, así como a Luis Ernesto Duéñez Reyes, fiscal del Ministerio Público, quienes son acusados de “perseguir y detener arbitrariamente a opositores y candidatos presidenciales”.
Otros sancionados son Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE, ambos por implementar “reglas restrictivas que han afectado la transparencia electoral”.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela, es acusada de “utilizar motivaciones políticas en las detenciones de opositores”.
Más funcionarios
Las sanciones también se extienden a altos mandos de la Fuerza Armada y del aparato de inteligencia del país, incluyendo a Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y a Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), este último señalado por “tortura y violaciones de derechos humanos”.
Además de Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN); Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la GNB, por presuntamente liderar la “detención de miles de manifestantes pacíficos en favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio”; Johan Alexánder Hernández Lárez, comandante de la Redi Capital, y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Fuente: El Cooperante
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noviembre 2, 2024
