martes, diciembre 3, 2024

EE. UU. sobre ley para regular oenegés: “Es un ataque contra la sociedad civil”

Brian Nichols señaló que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales ocasionaría un aislamiento mayor entre Maduro y la comunidad internacional

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Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, se pronunció este lunes 19 de agosto sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales aprobada por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020. A su juicio, es un “ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación”.

A través de la red social X (antes Twitter) señaló que esta ley “socava la democracia” y limita la participación de ciudadanos en los espacios cívicos.

“Esta acción solo aislará aún más a Maduro de la comunidad mundial”, advirtió el subsecretario de Estado de EE. UU.

Las oenegés, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.

Además, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.

El texto indica que los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la “disolución de una organización social sin fines de lucro”, a la que “deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso”.

Las organizaciones no gubernamentales deberán, por ley, notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las “donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”.

Por otra parte, según el texto, corresponde al Ejecutivo el “seguimiento y control del cumplimiento” de los “deberes y prohibiciones” establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.

La AN de 2020 retomó la discusión de esta ley tres meses después de su último debate al respecto, el pasado mayo, pese a las advertencias de numerosas oenegés, que alertan de una “supresión del espacio cívico y del derecho de asociación”.

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