El exministro Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, recibirá su condena el 20 de enero de 2027 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense y declararse culpable de lavado de dinero.
La jueza federal Kathleen M. Williams fijó para esa fecha, a las 2.00 de la tarde (hora local), “la audiencia de lectura de sentencia” en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde el empresario colombiano se declaró culpable este martes 14, según revelaron documentos judiciales este miércoles 15.
Aunque la notificación no ofrece más detalles, la jueza avisó este martes 14 a Saab, exministro de Industria y Producción Nacional, que el cargo de lavado de dinero por el que se declaró culpable implica una pena máxima de 20 años de cárcel y una multa de hasta 500.000 dólares.
A cambio de información sobre sus cómplices, que incluye “altos miembros del Gobierno de Venezuela”, aunque sin nombrar a Maduro, el Departamento de Justicia (DOJ) aceptó pedir una sentencia menor para el exministro, pero advirtió de que depende de la “calidad e importancia” de la información, según los documentos.
En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), con transferencias de dinero al sur de Florida.
El empresario petrolero, de 54 años, deportado en mayo pasado a Miami, accedió a “cooperar plenamente” con el DOJ con “la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas” en “cualquier juicio o proceso” judicial que pida el gobierno.
“Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, establece el pacto.
Además, Saab aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de 14 para que revele todos los activos relacionados con los delitos.
El exministro ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela.
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