El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, insistió en que la migración motivada por la crisis que atraviesa Venezuela es "un tema prioritario" para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reiteró la gravedad de la situación humanitaria
Expertos, activistas y representantes de organismos internacionales pidieron ayer una respuesta coordinada de los países de las Américas ante la crisis migratoria derivada de la situación económica en Venezuela.
En el marco de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará la próxima semana en Washington, el Centro de Estudios Woodrow Wilson auspició ayer una reunión de expertos y representantes de distintos entes sociales para analizar los paliativos a la migración venezolana.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, insistió en que la migración motivada por la crisis que atraviesa Venezuela es "un tema prioritario" para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reiteró la gravedad de la situación humanitaria.
"Hay que buscar una estrategia regional para dar respuesta a los efectos negativos de la crisis migratoria, se trata de una responsabilidad compartida", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH.
Abrão destacó que los países "han intentado distintas medidas" para recibir a la migración venezolana, las cuales están funcionando de forma razonable, pero insistió en que hay que "modular" la respuesta acorde a los estándares internacionales.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se calcula que 1,6 millones de venezolanos ya han abandonado su país, provocando fuertes flujos migratorios especialmente a Colombia, Brasil y Perú.
"Concluimos que las respuestas de los estados han sido positivas. Si se compara a otras situaciones de experiencias en el pasado reciente, cuando hubo la gran migración de los haitianos (por el terremoto de 2010) y la del Triángulo Norte, los estados se demoraron en buscar sus respuestas", afirmó el directivo de la CIDH.
Pese a ello, la Comisión ha considerado oportuno hacer otras indicaciones a los estados de las Américas, como "garantizar" la no devolución de las personas, las adecuadas condiciones de ingreso y reconocer que se dan "todas las condiciones jurídicas" para atender a los venezolanos bajo el estatus de "refugiado".