La fiscal departamental de la región boliviana de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles 2 de octubre que la fiscalía general del Ministerio Público la echó de su cargo y la “obligó” a frenar una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en una investigación por posible trata y tráfico de personas.
En declaraciones a los medios, Gutiérrez explicó que primero recibió un instructivo del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de dejar el caso y disolver la comisión creada para investigarlo porque presuntamente la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil se haría cargo del mismo.
Según la abogada, el instructivo de Lanchipa también indicó que “deberá dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva”, lo que supuso “dejar sin efecto la comisión”, ya que, aseguró, le amenazaron con “procesos penales y disciplinarios” si no lo hacía.
La exfiscal explicó que en esta jornada dos de los tres fiscales de esa comisión recibieron “memorandos de agradecimiento” por sus servicios y que fue removida del cargo tras negarse a renunciar.
A su vez, aseguró que la nueva encargada del caso “ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante”.
“Habiendo un montón de directrices que nosotros teníamos, teníamos un mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma, teníamos órdenes de aprehensión también hacia otras personas. Lo han dejado sin efecto”, señaló.
Filtración de orden de captura
Gutiérrez, quien fue ministra de Justicia en el gabinete presidencial de Morales en 2014, explicó que desconocen “cómo se ha filtrado” la orden de captura “porque no se ha entregado a nadie”.
“Sin embargo, faltando una hora para que se ejecute la orden, se nos notifica con la acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá en Tarija, para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Juan Evo Morales”, sostuvo.
La acción de libertad fue presentada en Santa Cruz solamente contra los dos fiscales que fueron echados en esta jornada y se excluyó a una tercera funcionaria, denunció Gutiérrez.
El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de “trata y tráfico de personas” y presunto “estupro”, que habrían ocurrido cuando la supuesta víctima “tenía 15 años” en una provincia de Tarija. Gutiérrez no ofreció mayores detalles al haber una menor de edad involucrada.
Por otro lado, señaló que “los antecedentes vienen de un informe de inteligencia” y denunció que supuestamente hay “órdenes específicas” de Lanchipa “de no hacer absolutamente nada” sobre este caso.
“Yo no puedo dejar. Cómo va a creer entonces la sociedad, las víctimas, cómo van a acudir ante el Ministerio Público, sea del departamento que sea, si va a haber esa intromisión”, cuestionó.
También afirmó que analizará la posibilidad de presentar una denuncia internacional “porque el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad”.
El caso surge en medio de la pelea interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre las facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
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