El director de la oenegé Foro Penal, Alfredo Romero, alertó este viernes 20 de febrero que más de 400 presos políticos quedarían excluidos de la recién aprobada Ley de Amnistía, entre ellos militares y civiles.
En una rueda de prensa, Romero explicó que la exclusión afecta especialmente a personas detenidas por supuestas relaciones con operaciones como la llamada “Operación Gedeón” y otros procedimientos de carácter militar.
Sin embargo, amplió que en muchos casos se trata de civiles a quienes se les atribuyeron delitos bajo calificaciones jurídicas que, a su juicio, respondieron a criterios políticos y no estrictamente legales.
“Hemos calculado que unos 400 presos políticos están excluidos de la amnistía porque son militares, familiares o personas detenidas por estar supuestamente relacionadas de manera arbitraria con operaciones militares, aunque en realidad son civiles”, afirmó.
El abogado señaló que la normativa deja por fuera supuestos ataques contra la soberanía y otros previstos en leyes contra la corrupción, lo que impacta directamente en numerosos casos donde las imputaciones “fueron ampliadas con múltiples cargos para mantener a los detenidos privados de libertad”.
Asimismo, reiteró que “lo grave no es lo que contiene la Ley de Amnistía, sino que la represión se mantiene”, al denunciar que persisten obstáculos como “restricciones de acceso a tribunales, limitaciones en la representación legal y dificultades para acudir al Ministerio Público”.
Romero subrayó que la liberación de todos los presos políticos no debe estar condicionada exclusivamente a la aplicación de la amnistía y pidió que los casos no incluidos sean revisados por la comisión parlamentaria de seguimiento, con el fin de ampliar los beneficios.
“La lucha termina cuando logremos desmontar el aparato represivo. Mientras haya presos políticos, el problema no está resuelto”, dijo.
Períodos de tiempo
Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió que el artículo 8 de la ley, que establece los momentos y eventos específicos a los que se aplicará la amnistía, deja por fuera amplios períodos de tiempo. Según detalló, de los 28 años que en teoría debía abarcar la norma, al menos 15 años no fueron considerados.
Himiob señaló que no se mencionan períodos completos como 1999-2006, 2008-2010, 2011, 2012, 2015, 2018-2020, 2021, 2022 y lo que va de 2026. A su juicio, esta omisión desconoce que la persecución política en Venezuela no fue esporádica, sino continua desde 1999.
Asimismo, indicó que incluso dentro de los 13 años que sí fueron tomados en cuenta se llevó a cabo una selección “arbitraria” de meses específicos.
Al sumar los períodos contemplados, estos no superan los 20 meses en total, es decir, poco más de un año y medio de los casi 28 años que debía abarcar la ley.
El abogado calificó la situación como una “irregularidad grave” y afirmó que durante el proceso se solicitó la incorporación de una cláusula residual que permitiera incluir otros momentos y supuestos no previstos expresamente, propuesta que según dijo fue rechazada, según dijo.
Tanto Romero como Himiob coincidieron en que, si bien la aprobación de la ley representa un “avance” para un número importante de detenidos, la exclusión de militares, civiles vinculados a causas militares y otros procesados mantiene sin resolver el problema de fondo.
Fuente: El Cooperante
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— Foro Penal (@ForoPenal) February 20, 2026
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