A escasos días del mes del secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile, y su posterior asesinato, las autoridades policiales de ese país entran en un escrutinio público porque al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, le allanaron su casa el pasado viernes 15 ya que se le relaciona con una investigación por “tráfico de información”, extorsión a favor de grupos o personas, acusadas de delitos.
¿Puede darse por cierta la investigación sobre la muerte de del exteniente, luego de que tres sujetos, con uniformes policiales, armas y con logísticas, entraron el 21 de febrero a su residencia en una barriada de Santiago, y se les relacionara con el “Tren de Aragua” y no contra el Gobierno venezolano que persigue militar y política en América Latina?
Incluso, otra de las pesquisas se enfiló a las finanzas del oficial, pese a que la familia entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) un informe completo sobre esto.
El teniente José Rodríguez Araña deploró la tesis policial sobre unos envíos de fondos desde Estados Unidos, la participación en el mercado de las criptomonedas y un préstamo hecho por la hermana de Ojeda.
“Tratan de asesinar por segunda vez a Ronald. El primer teniente tenía una vida austera; a principios de año solicitó ayuda a compañeros que están en EE. UU. para pagar gastos de su casa, lo que explica los depósitos desde otros países. De Estados Unidos de amigos y de España de su hermano”, dijo Rodríguez Araña, conductor del programa La Voz Verde, de la Fuerza Armada Patriota de Venezuela (Fapv).
Cambio de divisas
Ojeda trabajaba en el cambio de divisas y compra de criptomonedas, mediante una empresa que ayuda a venezolanos a enviar remesas a sus familiares en Venezuela. “Eso no es un delito. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha invertido en este mercado. ¿Acaso una nación se metería en esto si fuese ilegal”, sostuvo Rodríguez Araña.
En paralelo, el exteniente operaba en una empresa de seguridad para mantener a su familia y envió varios mensajes a amigos de armas, vía WhatsApp, en los que contaba las penurias y les pedía ayuda. De hecho, la familia tuvo que recolectar recursos para realizar la sepultura, que pudo resolverse por la buena fe del dueño de la funeraria.
Desde el 21 de febrero, la actuación de la PDI fue puesta en duda por la familia del primer teniente porque, al llegar a la residencia a pocas horas del secuestro, no reaccionaron para investigar el paradero y las razones de la extracción.
Esa madrugada, la hermana le pidió que revisaran las cámaras del edificio para que contactaran la operación hecha por tres sujetos con vestimenta policial, chalecos y armas. La alerta a la frontera se hizo luego de 10 horas.
La Fiscalía de Chile abrió una investigación sin revelar la identidad de la víctima para resguardar su integridad. Sin embargo, nueve días después, el 1 de marzo, se encontró un cuerpo en una maleta sepultada bajo 1,4 metros de cemento en la comuna de Maipú en Santiago de Chile. Las autoridades confirmaron que se trataba de Ojeda.
Crimen organizado
El fiscal Héctor Barros describió el caso como una investigación compleja vinculada al crimen organizado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó el desenlace y reiteró que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad para el Gobierno de Chile.
“Ahora, tratan de asesinarlo moralmente con la mención de la actividad financiera personal. La familia entregó los estados de cuenta a la PDI. Acá el autor intelectual de la muerte de Ronald es el régimen madurista y están involucrados funcionarios de Chile. Intentan desviar el caso”, expresó el oficial Rodríguez Araña en La Voz Verde.
El 14 de marzo, la familia Ojeda acudió a la Corte Penal Internacional, donde pidió investigar el asesinato del oficial, a lo que puede sumarse la corrupción detectada en la Policía de Investigaciones (PDI) en el manejo de casos y la venta de información a delincuentes.
El primer teniente José Ángel Rodríguez Araña, actualmente en el exilio, se graduó en el 2012 con la máxima distinción en la Academia Militar del Ejército, la de alférez auxiliar, como parte de la promoción Coronel Diego Jalón Dochagavia.
Fuente: La Razón
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julio 1, 2024
