El Gobierno español, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, “no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación” entre Edmundo González Urrutia y el Ejecutivo de Nicolás Maduro y, de hecho, el ministro José Manuel Albares “dio instrucciones directas al embajador de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el líder opositor”.
Según sus explicaciones, cuando el líder opositor solicitó ser acogido en la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos, “tuvo la garantía de que podía verse o realizar las gestiones que decidiera hacer en relación a su situación”.
Unas explicaciones que el Ministerio español de Exteriores dio después de que el líder opositor asegurara este miércoles 18 de septiembre que firmó un documento, antes de salir del país, presentado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, en representación del gobierno de Nicolás Maduro, bajo la amenaza de que si no lo hacía tendría que “atenerse a las consecuencias”, una “coacción” que en su opinión anula el texto.
González Urrutia contó que mientras estaba resguardado en la residencia del embajador español en Caracas se le presentó un documento que tenía que firmar para conseguir el salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela.
El dirigente opositor llegó a España el pasado 8 de septiembre para pedir asilo político tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El relato del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) provocó una nueva tormenta política en España sobre la situación en Venezuela.
La oposición conservadora acusó al gobierno de Pedro Sánchez de ser “cómplice” en el “golpe de Estado que se ha producido en Venezuela” en palabras del dirigente del Partido Popular Esteban González Pons, mientras desde las filas socialistas piden su dimisión por una declaración que consideran “intolerable”.
La tensión entre Madrid y Caracas se agravó en las últimas semanas, después de que el Congreso y el Senado españoles instaran al Ejecutivo a reconocer a González Urrutia como presidente electo, una medida que no tiene trascendencia legal pero que supone un espaldarazo para el aspirante presidencial opositor.
Además, Venezuela mantiene detenidos a dos españoles a los que acusa de participar en un supuesto plan contra el gobierno de Maduro junto a otros cuatro estadounidenses y un ciudadano checo.
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, insistió en pedir a su homólogo venezolano, Yván Gil, que, “como marca la Convención de Viena”, confirme la identidad de los dos detenidos, informe de dónde se encuentran ahora y explique bajo qué cargos fueron detenidos.
España, en línea con la estrategia de la Unión Europea, exigió a Maduro que presente las actas de los comicios antes de reconocer el triunfo que le atribuyen organismos electorales oficialistas venezolanos.
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noviembre 2, 2024
