La medida no solo infringe la Carta Magna sino también la Ley del Estatuto de la Función Pública y del Convenio 111 sobre Discriminación de la OIT. Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, señala que las expulsiones por razones políticas son graves, lo que empeora por tratarse de un dictamen presidencial
La orden fue dada. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y jefe de la comisión presidencial de verificación de las firmas por el revocatorio, lo sentenció, según él, por dictamen del presidente Nicolás Maduro: “Quienes firmaron por el revocatorio tienen 48 horas para salir de los ministerios”, afirmó Rodríguez.
El exhorto va en lineamiento con lo anunciado el pasado jueves por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, quien dio una semana para que los jefes de cada cartera ministerial entreguen las listas de quienes no estén con la revolución, iniciando así la “cacería” de despidos para que “no quede ningún escuálido allí”.
La medida podría extenderse a los distintos entes del Estado, entre ellos gobernaciones y alcaldías, lo que atenta contra 12 artículos de la Constitución, contra la Ley del Estatuto de la Función Pública y del Convenio 111 sobre Discriminación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”, establece el artículo 145 de la Carta Magna que además en su artículo 89 expone que “el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado”. En el numeral 5, el mismo punto determina que “se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición”.
Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista, y dirigente de la Unidad de Acción Sindical y Gremial, declaró a La Verdad que las amenazas de los voceros oficialistas se llevan por delante el Convenio 111 de Discriminación de la OIT, que Venezuela firmó en 1971. Según este acuerdo, no debe haber exclusión por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. El artículo 23 de la Carta Magna otorga carácter constitucional a todo convenio internacional, lo que obliga a Venezuela a apegarse a la OIT.
Los artículos 5, 6, 39, 40, 70 y 72 de la Constitución especifican sobre los derechos políticos, mientras que el 139 dispone en relación a la responsabilidad de quienes incurran en abuso de poder. Las amenazas de Cabello y Rodríguez, además infringen la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Comisión de Consulta OIT
Barrios notificó que por parte del Movimiento Laborista, solicitaron ante la OIT, una inspección de la Comisión de Consulta de este organismo, que nunca antes ha venido a Venezuela. Esperan una decisión para el mes de noviembre. Si la aprueban, la OIT no necesita permiso del Gobierno para venir al país.
Indicó que en los últimos 17 años, Venezuela tiene un poco más de 50 denuncias ante la OIT. Es una de las naciones más denunciadas junto a Cuba, China y Zimbabue.
Precisó que durante junio y julio de este año, hubo un promedio de 100 despidos de funcionarios públicos por firmar en favor del revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Derechos Humanos
Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló a este rotativo que los despidos por motivos políticos son una clara violación a los derechos humanos. Precisó que se vulneran los artículos 19 y 21 de la Constitución.
Calificó como grave el hecho de que la medida sea una orden directa del presidente Maduro, recalcando que con ello denotan que los despidos a “escuálidos” ya se convirtieron en una política de Estado.
El sociólogo no desestimó que se trate de una estrategia para intimidar a los trabajadores y aminorar así la pérdida de votos ante un posible revocatorio al primer mandatario. “Creo que la voluntad democrática será mayor que estas intimidaciones. La gente entiende que la situación es insostenible y que solo un cambio podría favorecer a los venezolanos”, dijo.
Cifra de despidos
No hay cifras oficiales, pero según denuncias de los trabajadores afectados, en todo el país hay un promedio de 260 despidos del Seniat por firmar en favor del revocatorio. Provea maneja alrededor de 52 policías, entre CICPC y PNB, expulsados por el mismo motivo. En Corpoelec, sobrepasan los 100.