La militarización ya se ve en varios puntos de Caracas, lo que aviva el cuestionamiento sobre la ratificación del TSJ de facultar a la FANB para el control del orden público, tarea que normalmente corresponde a los entes policiales
A pesar de los anuncios del CNE, la oposición se mantiene firme para la movilización pacífica de millones de venezolanos este 1 de septiembre en la gran Toma de Caracas.
Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, y Daniel Aponte, jefe de Gobierno del Distrito Capital, aseguran que no permitirán el avance de cualquier marcha que inste a un golpe de Estado, estableciéndose así una contraparte que resalta a los organismos de seguridad como los principales responsables de impedir cualquier acción violenta que desestabilice el cumplimento del artículo 68 de la Constitución, el cual prohíbe la represión a la protesta cívica.
La militarización ya se ve en varios puntos de Caracas, lo que además, aviva el cuestionamiento sobre la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de facultar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el control del orden público, tarea que normalmente corresponde a los entes policiales, “ya que los militares son formados para la guerra”.
“En un país democrático donde se dé cumplimiento a la Constitución, la Fuerza Armada no tendría ningún papel que cumplir en una marcha convocada por la oposición como la de este 1 de septiembre. La gran promesa de la Constitución de 1999 fue desmilitarizar la seguridad ciudadana. Creo que eso debe recordarse de cara a esa ola de militarización del país”, declaró Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, en entrevista con La Verdad.
Calificó como grave que se permita el uso de municiones para el control ciudadano, por lo que instó a un pronunciamiento del Ministerio de la Defensa para garantizar el respeto a la vida.
Recalcó que lo más delicado es la inexistencia de algún tipo de auditoría para el buen funcionamiento de los militares.
“De ocurrir algún atentado a la vida o integridad de las personas, habrá una responsabilidad por acción, pero también por omisión de los cuerpos de seguridad del Estado, que circunscribe a toda la jerarquía militar y policial de donde ocurran los hechos”, sentenció la experta.
San Miguel rechazó la Resolución 015543, publicada en la Gaceta Oficial 40.973 el 24 de agosto. En la medida, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, crea una unidad local para la inteligencia militar.
La abogada pide que estos órganos no sean usados para violar los derechos humanos de los manifestantes.
Repeler violencia con armas y municiones
Al asegurar que manejan información de “inteligencia” de que 1-S podrían ocurrir actos de “violencia y desestabilización”, Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, notificó que se reunió con los directivos de las policías municipales de El Hatillo, Baruta y Chacao, así como de la Gobernación de Miranda, para coordinar la seguridad ese día.
“Por eso que tenemos gente capacitada, adiestrada y equipada para atender cualquier evento que lleve a una alteración grave del orden público”, adivirtió.
Indicó que según el artículo 55 de la Carta Magna, podrán repeler cualquier violencia con armas y sustancias tóxicas.
Recordó que la Constitución circunscribe el control del orden público a los estados y municipios. Informó que durante la madrugada de ayer activaron la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en el corredor norte de Caracas con mil 420 funcionarios y uniformados.