Un total de 34 militares presos en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, iniciaron una huelga de hambre para denunciar un “bloqueo judicial” en sus causas, informó este martes 10 de noviembre la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“Responsabilizamos al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre en Ramo Verde y exigimos la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas”, señaló la organización en un comunicado publicado en la red social X.
El observatorio explicó que la huelga la comenzaron primero 21 sargentos vinculados al “caso Cotiza”, un hecho ocurrido en 2019, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) robaron armas de guerra, secuestraron a otros cuatro funcionarios y se dirigieron a un comando en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes.
Según informó entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el grupo insurrecto fue “rendido y capturado” tras pactar su entrega a militares leales a Nicolás Maduro.
El OVP detalló que estos militares denuncian un “bloqueo judicial injustificable”, ya que pasaron de tener una sentencia firme en 2022, a la anulación del proceso en 2024.
“No fue sino hasta abril de 2026 que fueron sometidos a una nueva audiencia preliminar vía telemática, en un tribunal civil de terrorismo, donde no estuvieron presentes todos los abogados defensores en la cual le dieron sobreseimiento a todos los delitos que tenían”, añadió.
Sin embargo, indicó el observatorio, les dejaron el delito de traición a la patria, y hasta la fecha no se ha dado la primera audiencia de juicio, “porque no existe una respuesta por parte del tribunal, dejándolos en un limbo judicial”.
Ante esto, explicó la oenegé, los abogados defensores de este caso solicitaron recientemente la amnistía ante el tribunal, por lo que esperan que se cumplan los 15 días que establece la ley aprobada en febrero para obtener una respuesta sobre esta medida.
Asimismo, señaló que a esta huelga se sumaron otros 13 militares detenidos en la misma cárcel, para apoyar a sus compañeros y para exigir su libertad.
El OVP sostuvo que los familiares temen por las condiciones física de los militares, “ya que han presentado cuadros de depresión y ansiedad”.
“En Ramo Verde no tienen un médico en caso que tengan una afectación de salud, tan solo cuentan con un enfermero”, apuntó.
Fuente: EFE
El retardo procesal y la absoluta falta de autonomía en las instituciones venezolanas, que se niegan a dar respuestas, llevó a 34 militares a realizar una huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en el estado #Miranda.
La huelga de hambre es un método legítimo de protesta pacífica, especialmente cuando se recurre a ella ante la falta de recursos judiciales efectivos, la denegación de justicia o tratos inhumanos. La medida la iniciaron 21 sargentos del caso Cotiza, quienes denunciaron que están enfrentando un bloqueo judicial injustificable, pasaron de tener una sentencia firme en el 2022, a la anulación del proceso en el año 2024.
No fue sino hasta abril del 2026 que fueron sometidos a una nueva audiencia preliminar vía telemática, en un tribunal civil de terrorismo, donde no estuvieron presentes todos los abogados defensores en la cual le dieron sobreseimiento a todos los delitos que tenían. Sin embargo, les dejaron el delito de traición a la patria, han pasado seis meses y aún no se ha dado la primera audiencia de juicio, porque no existe una respuesta por parte del tribunal, dejándolos en un limbo judicial.
Los defensores de los sargentos del caso Cotiza solicitaron su amnistía ante el tribunal, quienes tienen 15 días hábiles para darles una respuesta y así mismo notificaron sobre su huelga indefinida.
A la huelga se han sumado 13 militares más privados de su libertad, para apoyar a sus compañeros como medida de protesta para exigir su libertad. Hasta ahora conocemos que son: 2 militares de la causa 30 de Abril, 2 de la causa refinería El Palito, 3 de la causa Sukoy, 1 causa Paramacay, 1 causa Aurora, 2 causa Gedeón, 1 causa Espionaje y 1 Gobernación de Monagas.
Esta medida expone la violación flagrante de sus derechos y del debido proceso que han tenido estos presos políticos militares. La indolencia del Estado y el cierre de los canales de justicia ordinaria ponen en grave riesgo su integridad física y mental, convirtiendo su prolongado cautiverio en una forma de tortura psicológica que vulnera los estándares internacionales más elementales.
Los familiares temen por las condiciones físicas de los militares ya que han presentado cuadros de depresión y ansiedad. En Ramo Verde no tienen un médico en caso que tengan un afectación en su salud, tan solo cuentan con un enfermero.
Asimismo, conocimos que la mañana de este miércoles #10Nov cerraron el portón del recinto, lo cual evita el paso de los privados de libertad de la cancha a la torre y viceversa. Además, el jefe de régimen presuntamente negó a los privados de libertad el acceso al agua, bajo el argumento de que “solo recibe órdenes”.
Sobre la atención médica de los huelguistas, aplica la Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre como estándar ético y legal internacional, el cual reconoce la autonomía de las personas competentes para decidir sobre sus cuerpos y prohíbe tajantemente la alimentación forzada. Las autoridades del penal deben respetar su protesta pacífica y dar una respuesta oportuna y adecuada a sus solicitudes.
Desde @oveprisiones exigimos al TSJ respuestas claras sobre el caso Cotiza. Y responsabilizamos al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre en Ramo Verde y exigimos la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas.
Como organización estamos haciendo seguimiento, documentando y reportando a organismos internacionales.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 10, 2026
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