OVP denuncia la muerte de un recluso en Anzoátegui y cuestiona la gestión carcelaria

El Observatorio Venezolano de Prisiones puso en duda el destino de los fondos para la remodelación de penales y advirtió que los traslados masivos solo dispersaron la crisis hacia otros estados, mientras los reclusos mueren por fallas de atención médica

Foto: Red social X

Un privado de libertad, identificado como Luis Felipe Moreno Moreno, falleció por problemas de salud en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, en el estado Anzoátegui, tras permanecer recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona (CPA Barcelona), informó este lunes 27 de julio el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organismo que además cuestionó la gestión carcelaria del Gobierno.

La oenegé señaló que el CPA Barcelona alberga actualmente a más de 1.400 personas privadas de libertad. En esa población se incluyen reclusos que resultaron trasladados luego de la intervención del Internado Judicial de Monagas “La Pica”, ejecutada el 3 de noviembre de 2023 en el marco de la denominada Operación Gran Cacique Guaicaipuro.

La organización cuestionó el alcance de las intervenciones carcelarias anunciadas por el Gobierno, presentadas en su momento por el entonces ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, como una estrategia para recuperar el control de los recintos y acabar con el pranato.

A casi tres años de estos anuncios, el OVP afirmó que las promesas de rehabilitación, modernización y condiciones dignas siguen sin materializarse.

El organismo se preguntó por el paradero y el procesamiento judicial de los “pranes” que ejercían el control en el CPA Barcelona y en Puente Ayala. Además, sostuvo que la política oficial “terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron”.

En relación con los compromisos asumidos sobre la recuperación de los recintos, la organización no gubernamental indagó sobre el destino de los recursos y la ejecución de las obras de remodelación prometidas.

De igual manera, reprochó la concentración de cientos de reclusos en establecimientos con sobrepoblación y advirtió que las actividades agrícolas y pecuarias mostradas por las autoridades no sustituyen la obligación de garantizar atención médica, infraestructura adecuada ni condiciones acordes con la dignidad humana.

Para la organización, las intervenciones no solucionaron el hacinamiento ni el deterioro estructural, sino que trasplantaron la crisis de un recinto a otro y dispersaron a los reclusos por distintos estados.

Ante este escenario, el OVP exigió una rendición de cuentas sobre los centros intervenidos, transparencia en el gasto público y garantías efectivas para la vida de los internos.

Exhortó al Gobierno interino a adoptar medidas urgentes que detengan las muertes por enfermedades prevenibles y tratables, tras enfatizar que “cada muerte bajo custodia constituye un recordatorio de que el abandono institucional sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles venezolanas”.

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