El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVV) afirmó que las personas de la comunidad Lgbti detenidas en las diferentes cárceles del país “están en situaciones de mayor vulnerabilidad debido a la opacidad y la escasez de datos”, lo que las hace víctimas de humillaciones y estigmatizaciones por su orientación sexual, identidad y expresión de género y, en muchas ocasiones, se vean en la “obligación de cometer delitos para sobrevivir o ejercer el trabajo sexual como única opción”.
Durante la presentación del informe “Personas privadas de libertad Lgbtiq+: El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios en Venezuela”, la investigadora Gabriela Buada indicó que los integrantes de la comunidad Lgbti tienden a ser encarceladas de forma desproporcionada, situación que dijo es “preocupante” porque conlleva a que los hombres gais sean víctimas de diversas formas de violencia no letal y “se exponen constantemente a la vulneración de su derecho a la dignidad y a su vida”.
Las mujeres lesbianas y bisexuales también sufren de violencia en las cárceles, principalmente verbal.
Humberto Prado, director del OVV, sostuvo que esta grave situación en materia de derechos humanos que enfrenta la comunidad Lgbti dentro de los recintos carcelarios “son muestra del abandono por parte del Estado con la ausencia de políticas públicas que tengan enfoques y perspectivas específicas que esta población requiere”.
Prado también enfatizó que siempre han hecho “las debidas recomendaciones al Gobierno, al Ministerio Penitenciario, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, pero no sucede (nada)”. Recordó que el personal que trabaja en los centros penitenciarios no está formado para atender debidamente a esta población y por eso se da la discriminación.
El Observatorio Venezolano de Prisiones también encontró que muchas de las personas Lgbti encarceladas se ven en la obligación de ocultar su orientación sexual y de género “por la crueldad que implica dentro de los centros penitenciarios, lo que promueve la invisibilización y problemas de salud mental”.
Imposibilidad de acceder a la salud
Pese a la ausencia de datos y el hermetismo para acceder a la información, el OVV encontró que no existen políticas y mecanismos para el resguardo, promoción y protección del derecho a la salud de la comunidad Lgbti privada de libertad, pues no existe personal médico de planta, los pocos atendidos están en manos del personal de enfermería, que no cuenta con las competencias para brindar una asistencia integral.
Tampoco se cuenta con espacios para la atención médica adecuada, no hay personal médico especializado para abordar las condiciones de las personas Lgbti encarceladas.
En las cárceles no existen programas continuos de despistaje de atención primaria de salud y no hay diagnóstico temprano y prevención del VIH, tuberculosis, cáncer y otras patologías. A la comunidad Lgbti no se le proporciona el tratamiento especializado, incluyendo los hormonales; lo que hace que muchas personas abandonen su proceso de transición.
De acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, 69 % de los centros penitenciarios en el país se encuentra en condiciones de hacinamiento, lo que afecta la salud y seguridad de las personas recluidas, impactando de manera diferenciada a personas Lgbti.
Durante el el primer semestre de 2023, las cárceles venezolanas presentaron un hacinamiento de 154,15 %, la población reclusa para ese momento fue de 32.200 personas privadas de libertad, pero el máximo o capacidad real instalada era de 20.888.
El OVV urge al Estado garantizar el respeto por los derechos humanos de las personas Lgbti que están en prisión; ya que esta población continúa siendo vulnerable e invisibilizada y se convierte en actos discriminatorios.
Fuente: Tal Cual
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