La Defensoría del Pueblo ha informado de al menos 21 muertes, incluidos cuatro menores de edad, durante las protestas que empezaron el 7 de diciembre
Las autoridades civiles de Perú deberían impulsar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras sobre al menos 21 muertes de manifestantes, sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y sobre actos de violencia cometidos por algunos manifestantes, dijo hoy Human Rights Watch.
El entonces presidente Pedro Castillo detonó la crisis actual al anunciar el 7 de diciembre la disolución temporal del Congreso y la “reorganización” del poder judicial, en lo que en la práctica constituyó un intento de golpe de Estado. En respuesta, el Congreso destituyó a Castillo, y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Miles de manifestantes han salido a las calles para pedir elecciones anticipadas.
“Se han registrado actos de violencia en el contexto de las protestas, que deben ser debidamente investigados, pero eso no justifica cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, el cual puede poner en riesgo la salud y la vida de las personas”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades peruanas deberían priorizar el diálogo y el respeto de los derechos humanos como vía para alcanzar una solución para la crisis política que atraviesa el país”.
La Defensoría del Pueblo ha informado de al menos 21 muertes, incluidos cuatro menores de edad, durante las protestas que empezaron el 7 de diciembre. El Ministerio de Salud confirmó que cinco de las víctimas murieron por impacto de armas de fuego, otra por hemorragia interna y otra por traumatismo craneal, informó HRW.
El Ministerio de Salud apuntó a proyectiles de armas de fuego como “probable” causa de otras 12 muertes, pendiente de los resultados de las autopsias. Entre ellas se incluyen nueve personas que murieron en una zona de Ayacucho donde estaban desplegados militares armados con fusiles de asalto. Las fuerzas armadas indicaron que una patrulla empleó la “fuerza”, sin especificar qué modalidad de uso de la fuerza aplicó, en respuesta a lo que las autoridades describieron como el ataque de “una turba” con armas artesanales y otros objetos.
La Defensoría del Pueblo informó que 356 manifestantes y 290 policías habían resultado heridos durante las manifestaciones hasta el 18 de diciembre. El Ministerio de Salud informó de que 38 personas continuaban hospitalizadas el 20 de diciembre, incluyendo a ocho en estado grave, una de las cuales murió tras el informe, convirtiéndose en la víctima vigesimoprimera. No trascendió información pública acerca de si hubo heridos entre el personal de las fuerzas armadas.
Denuncia
La coordinadora nacional de Derechos Humanos de Perú, una coalición de organizaciones de derechos humanos, ha denunciado que policías agredieron a algunas personas durante su arresto o mientras se encontraban en su custodia; utilizaron indebidamente armas menos letales que causaron lesiones a manifestantes; demoraron el acceso de los abogados a las personas detenidas en dependencias policiales; y retuvieron a algunos detenidos por un período mayor al permitido por ley.
Algunos de los presuntos abusos ocurrieron después de que, el 14 de diciembre, la presidenta Boluarte declarara el estado de emergencia por 30 días. La declaración suspendió algunos derechos básicos, como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, y movilizó a las fuerzas armadas en “apoyo” a la policía en el mantenimiento del orden público.
Mientras miles de personas se han manifestado en forma pacífica, algunas protestas han estado acompañadas por actos de violencia, como arrojar piedras a la policía, agredir a personal sanitario, quema de dependencias del Ministerio Público y otros edificios públicos y privados, y saqueos.
La Asociación Nacional de Periodistas de Perú informó sobre 47 ataques contra periodistas que daban cobertura a las manifestaciones y contra medios de comunicación, el 90 % de ellos perpetrados por manifestantes y el resto por policías.
Los manifestantes bloquearon carreteras en todo el país por varios días. La Defensoría del Pueblo informó de seis muertes en accidentes viales y otros incidentes vinculados con los bloqueos. Un hospital infantil de Lima indicó que un niño había fallecido debido a que el bloqueo causado por una protesta no permitió que fuera transportado a un centro de salud, mientras que una ambulancia que llevaba a otros niños estuvo detenida por diez horas.
Derecho
El derecho de protesta pacífica no incluye impedir el paso de ambulancias, insumos médicos y otros servicios de emergencia, señaló Human Rights Watch.
El Ministerio Público debería impulsar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demora sobre la muerte de manifestantes, las heridas sufridas por manifestantes y policías, y los demás actos de violencia ocurridos durante las protestas. Las investigaciones sobre posibles abusos por parte de policías o de las fuerzas armadas deben ser encabezadas por las fiscalías especializadas en derechos humanos, dijo Human Rights Watch. Además, las fiscalías de prevención del delito deberían tomar medidas preventivas para asegurar que la policía y las fuerzas armadas se atengan a la ley.
La movilización de las fuerzas armadas para mantener el orden público resulta especialmente preocupante, ya que no tienen los equipos, la formación ni la misión para llevar a cabo esas tareas. Videos difundidos en medios locales y redes sociales -que fueron revisados y verificados por Human Rights Watch- muestran a militares que al parecer disparan fusiles de asalto en calles cercanas al aeropuerto de Ayacucho.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 18 de diciembre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú señaló que “malos peruanos” habían atacado a militares. No brindó detalles sobre la muerte de 8 personas el 15 de diciembre -otra persona falleció el 17 de diciembre a causa de las heridas sufridas- ni sobre las heridas que sufrieron al menos 14 personas en zonas de Ayacucho en las cuales estaban desplegadas las fuerzas armadas, y no la policía.
El 18 de diciembre, la presidenta Boluarte dijo que, además de la investigación emprendida por el Ministerio Público, las muertes de los manifestantes serían investigadas en el fuero militar, que se aplica a miembros de las fuerzas armadas y de la policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los procesos por violaciones de derechos humanos deberían tramitar en el fuero penal ordinario, y no en tribunales militares, incluso en casos en los cuales los sospechosos sean miembros de las fuerzas armadas.
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