La única razón por la que los agentes de la Patrulla Fronteriza podrán cortar o retirar el alambre serán por razones médicas o porque representen un peligro mortal, dijo la jueza
Una juez federal ha prohibido temporalmente este lunes al gobierno del presidente Joe Biden cortar o remover el alambre de púas colocado por Texas en su frontera con México para desalentar la migración indocumentada.
La orden temporal emitida por la magistrada federal Alia Moses responde a una demanda presentada la semana pasada por el fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, que asegura que los agentes de la Patrulla Fronteriza “regularmente” cortan la cerca de alambre.
En un comunicado este lunes, Paxton aseguró que el pasado fin de semana se documentaron más casos en los que personal federal retiró las barreras de púas de Texas.
Sostuvo que al cortar el alambre de púas el “Gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente la propiedad del estado de Texas, sino que también ha interrumpido los esfuerzos de disuasión” del gobernador Greg Abbott para detener la inmigración indocumentada.
En la querella legal que Texas alega que “tiene el derecho soberano de construir barreras fronterizas para impedir la entrada de extranjeros ilegales”.
La única razón por la que los agentes de la Patrulla Fronteriza podrán cortar o retirar el alambre serán por razones médicas o porque representen un peligro mortal, dijo la jueza Moses.
La demanda fue presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra la Patrulla Fronteriza y varias otras agencias y funcionarios que de acuerdo con el fiscal ayudaron y alentaron los cruces fronterizos ilegales.
Los abogados de Texas y del gobierno de Biden tendrán que presentar sus argumentos el próximo 7 de noviembre.
El alambre de púas colocado a lo largo del río Bravo por Texas ha sido criticado por defensores de los derechos humanos, quienes advierten que estas barreras ponen en peligro a los migrantes.
El gobierno de Biden y Texas sostienen otra batalla legal por la instalación de una barrera de boyas en el río Bravo en julio pasado.
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