La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este sábado a Delcy Rodríguez y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informar públicamente los términos, alcances y condiciones del acuerdo petrolero entre ambos países.
La ONG cuestionó que el convenio se haya anunciado en medio de la “opacidad estatal”, una situación que, según afirmó, impide ejercer mecanismos de contraloría social sobre las decisiones del Gobierno.
“Si la Administración Trump y empresas estadounidenses deciden suscribir acuerdos opacos e inconstitucionales con las autoridades venezolanas, se harán corresponsables de las violaciones de Derechos Humanos que ocurran en adelante”, advirtió.
La organización recordó que los gobiernos y empresas extranjeras deben evitar incurrir en vulneraciones de derechos humanos y asumir las consecuencias cuando tengan participación en hechos que los afecten.
Provea fundamentó su exigencia de transparencia en el artículo 51 de la Constitución venezolana y en los principios relacionados con la contraloría social establecidos en la Carta Magna.
En este sentido, pidió a los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos revelar las condiciones bajo las cuales se concretó el acuerdo, en particular sus alcances y términos.
El pronunciamiento ocurre después de que Trump comunicara que Estados Unidos obtuvo el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Delcy Rodríguez confirmó la noticia posteriormente y precisó que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y más de $100.000 millones en inversiones.
Previamente, Provea denunció que cientos de personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, pese a los anuncios de reconciliación del gobierno interino de Rodríguez.
Asimismo, resaltó que el sistema de justicia continúa siendo utilizado para perseguir a sectores de la disidencia política y social.
La organización criticó además que Venezuela pueda estar avanzando hacia una “atípica tecnocracia autoritaria”, en la que las autoridades “tuteladas” por Estados Unidos priorizan los intereses de capitales transnacionales por encima de los derechos ciudadanos.
Otro de los puntos mencionados por Provea fue el impacto ambiental de los nuevos proyectos extractivos, los cuales se desarrollan sin los estudios de impacto ambiental que considera necesarios y alertó sobre un agravamiento de los conflictos socioambientales, incluidos aquellos que afectan a pueblos indígenas.
A su juicio, la salida a la crisis venezolana requiere medidas orientadas a superar la emergencia económica, pero con énfasis en los derechos sociales, la protección ambiental, la democracia y la justicia social y ambiental.
Igualmente, la ONG puso de relieve que miles de venezolanos continúan afectados por interrupciones frecuentes del servicio eléctrico, especialmente en el estado Zulia, además de problemas en el suministro de agua.
Fuentes: El Nacional/EFE.
Provea señala que si la Administración Trump y empresas estadounidenses deciden suscribir acuerdos opacos e inconstitucionales con las autoridades venezolanas, se harán corresponsables de las violaciones de Derechos Humanos que ocurran en adelante.
Las empresas y los gobiernos… pic.twitter.com/OBXyStmavZ
— PROVEA (@_Provea) August 29, 2026