Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, entregó este lunes 17 de agosto un documento formal ante la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir respuestas sobre la grave crisis eléctrica en el Zulia, donde la población sufre más de seis horas diarias de racionamiento.
El dirigente enfocó su reclamo en la vulneración de derechos humanos y en la necesidad urgente de instalar una mesa de trabajo con las autoridades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para evaluar inversiones, tiempos de solución y atención inmediata a sectores vulnerables como comercios y centros de salud.
“La crisis eléctrica dejó de ser un problema de servicio público para convertirse en un problema de derechos humanos”, afirmó Ramírez, quien durante las últimas semanas ha promovido la exigencia de la autosuficiencia eléctrica del Zulia.
Durante su manifestación, denunció que los cortes continuados superan habitualmente las seis horas diarias de racionamiento, un deterioro progresivo que suma varios años en desarrollo y que agrava la calidad de vida de los ciudadanos.
En sus declaraciones, la exautoridad municipal advirtió que la falta constante de energía convirtió la falla de los servicios públicos en una afectación directa a las garantías esenciales de las personas.
“Cuando usted está en un quirófano y puede perder la operación porque no hay electricidad, es un problema de salud. Cuando usted no puede trabajar pierde su derecho al trabajo. Cuando usted no puede educarse porque no hay luz en el colegio usted pierde su derecho a la educación”, señaló.
Ramírez alertó sobre la dramática situación que enfrentan los pacientes renales en la región, quienes corren el riesgo de interrumpir o no iniciar sus tratamientos de diálisis ante la ausencia de flujo eléctrico.
Recordó además que el Zulia contaba en el pasado con una empresa eléctrica regional eficiente, en contraste con el escenario actual de colapso derivado de la gestión estatal.
Su propuesta
El dirigente planteó una propuesta formulada junto con gremios, comunidades y vecinos del Zulia. El plan promueve la autosuficiencia eléctrica regional y demanda que las inversiones realizadas en la Central Hidroeléctrica del Guri se ejecuten de manera paralela en la región.
Para canalizar estas demandas, Ramírez sustentó el recurso ante la Defensoría del Pueblo en el deber constitucional de este organismo de velar por los derechos difusos y colectivos de la población.
Según las cifras expuestas por Ramírez, los comercios y empresas pueden incrementar hasta 40 % sus costos para mantener plantas eléctricas y sistemas de generación propios, mientras que su productividad puede disminuir alrededor de 30 % debido a las interrupciones del servicio.
Solicitó además la conformación de una mesa técnica que cite a los responsables del SEN con el fin de establecer una duración estimada del racionamiento, el monto de las inversiones destinadas a la infraestructura regional y nacional, y las garantías de suministro prioritario para hospitales, unidades de diálisis, comercios y el sector privado afectado.
“Todas esas son respuestas que esperamos se constituya a través de una mesa en donde se cite a los responsables del sistema eléctrico nacional que ha sido un fracaso, que han demostrado que han sido un fracaso a lo largo de estos 27 años de tragedia”, precisó.
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