El tribunal cuarto de control del estado Anzoátegui ratificó este jueves 29 de octubre la medida de privativa de libertad para los sacerdotes Carlos Eduardo Quintero y Ramón Antonio Acosta, ambos detenidos el pasado el pasado lunes 26 en la iglesia Ermita del Carmen, de Barcelona, por presunto abuso sexual a cuatro menores.
Según informó el portal El Medio Venezuela, la medida fue dictada tras una prolongada audiencia de presentación que culminó la madrugada de este jueves 29.
Ante lo abrumador de las pruebas presentadas por la Fiscalía 16 del Ministerio Público (MP), el juzgado ordenó mantener la custodia de ambos clérigos en el Comando de Zona Número 52 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), debido a la investidura de asimilados militares que poseen ambos.
Por la vulnerabilidad de las víctimas y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se dictó reserva total del caso por 45 días, lo cual incluye la no declaración a los medios de comunicación y el no ofrecimiento de opiniones públicas por parte de los implicados.
Se reveló que lo afectados, quienes tienen entre 15 y 16 años, se desempeñaban como monaguillos y miembros del coro parroquial de dicha comunidad católica, según las investigaciones judiciales.
El arresto de los dos eclesiásticos el pasado lunes 26 derivó en un pronunciamiento institucional del ordinariato militar de Venezuela.
En el escrito, manifestó su firme respaldo y acompañamiento a las víctimas y sus familiares ante la severidad de los hechos investigados.
Entre tanto, el histórico santuario, ubicado en el centro barcelonés, suspendió la atención al público, y mantuvo sus accesos clausurados este martes 27 de octubre, mientras las fiscalías competentes adelantan las diligencias pertinentes.
Previamente, la sede diocesana anunció la activación del protocolo de actuación correspondiente y el inicio de una investigación previa sustentada, en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico.
En la misiva pública, la representación eclesiástica expresó su “firme condena a cualquier tipo de abuso, y revalidamos el compromiso de la Iglesia de escuchar, acompañar y buscar la verdad para la protección de la dignidad humana, colaborando en todo momento con las instancias correspondientes, en el marco de la justicia eclesiástica y civil”.
De igual manera, la institución recordó que “toda persona goza de la presunción de inocencia mientras no se demuestre legalmente lo contrario en un debido proceso, por lo que exhortamos a la prudencia y al respeto de las garantías procesales”.
Fuente: El Medio Venezuela / El informador
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