Junio fue el segundo mes con más protestas en lo que va de año, con 103 casos, solo superado por enero cuando se contabilizaron 178 casos
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó este viernes que en el país se registraron 592 conflictos laborales durante el primer semestre de 2023.
“El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical registró 103 conflictos laborales en junio de 2023, para un acumulado de 592 reclamos en el primer semestre del año”, dijo la organización en una nota de prensa.
Indicó que, durante los primeros seis meses del año, se mantiene la lucha de trabajadores que, mediante “acciones de calle”, buscan “que las autoridades gubernamentales escuchen sus demandas y definan parámetros justos para un mayor y mejor desempeño de sus actividades en un ambiente libre de violencia y acoso laboral”.
El Inaesin detalló que la cifra de reclamos registrada en junio es la segunda más alta del año, después de los 178 documentados en enero.
Durante el mes pasado, “el mayor porcentaje de conflictos fue protagonizado por personal del sector educación”, seguido de los trabajadores sanitarios y los empleados de las industrias básicas.
La oenegé puntualizó que el descontento por los bajos salarios fue el principal motivo de las protestas, seguido de las malas condiciones de trabajo, y que las regiones donde se registraron mayores reclamos fueron Caracas, Bolívar y Lara.
Inaesin destacó la detención de dos sindicalistas de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), apresados el pasado 11 de junio, después de protestar para exigir mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo.
“El amedrentamiento y criminalización de las protestas por parte del Estado, se puso una vez más de manifiesto no solo con la privación de libertad de los trabajadores, sino con la imputación de cargos penales”, expresó la oenegé.
Los dirigentes sindicales Leonardo Azócar y Daniel Romero protestaban junto a sus compañeros en una de las plantas de Sidor, en Bolívar, y al salir fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), informó entonces el abogado Eduardo Torres.
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