Reportan 8.192 privados de libertad fallecidos durante los últimos 15 años

El Observatorio Venezolano de Prisiones cuestionó el destino de los fondos asignados al despacho penitenciario. Señaló que la burocracia creció mientras el estado de los penales se deterioró

Foto: Agencias

Un total de 8.192 personas privadas de libertad fallecieron en el país durante los últimos 15 años bajo la gestión del Ministerio para el Servicio Penitenciario, según datos documentados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y difundidos este viernes 14 de agosto.

La cifra abarca las administraciones de los ministros Iris Varela (2011-2017 y 2018-2020), Mirelys Contreras (2017-2018 y 2020-2023), Celsa Bautista (2023-2024) y Julio García Zerpa (2024-presente). La organización señaló que el problema del sistema carcelario no radica en la existencia de los penales ni en la población reclusa, sino en la manera de gerencia de la institución.

Indicó que, en teoría, la creación de dicho Ministerio representó un paso hacia una institucionalidad especializada al elevar la materia penitenciaria desde una dirección de línea hasta una estructura con autonomía administrativa y financiera para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, 15 años después, el OVP cuestiona el destino y uso de los recursos asignados a ese despacho.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, la burocracia creció mientras las condiciones de reclusión continuaron en paulatino deterioro. Advirtió que el artículo 272 de la Constitución, el cual exige un sistema que asegure la rehabilitación de los reclusos y el respeto a sus derechos fundamentales, se mantiene como “letra muerta”.

“Lo mismo ocurre con estándares internacionales como las Reglas Mandela: alimentación adecuada, atención médica, condiciones dignas de reclusión y respeto a la integridad de las personas siguen sin estar plenamente garantizados”, señaló el observatorio.

La oenegé remarcó que la conducción penitenciaria representa un “problema estructural” que requiere personal cualificado y prohíbe la improvisación. Explicó que quienes asuman la dirección del área deben poseer formación académica, experiencia e idoneidad técnica en materia penitenciaria y derechos humanos.

“No se puede llegar a aprender, experimentar o inventar políticas sobre la marcha cuando las consecuencias recaen directamente sobre seres humanos bajo custodia del régimen”, aseveró.

El Observatorio Venezolano de Prisiones concluyó que no basta con la sustitución de ministros, la creación de planes temporales o el incremento del aparato burocrático, por lo que resulta indispensable la rendición de cuentas y la medición de resultados sobre la asistencia integral a la población privada de libertad.

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