Reportan muerte de 2 privados de libertad bajo custodia estatal en Lara

El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó sobre la persistencia de una "política de abandono" en el sistema penitenciario y denuncia el incumplimiento de las Reglas Mandela

Foto: Red social X

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó este jueves 23 de julio el fallecimiento de dos personas privadas de libertad que se encontraban bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario Fénix Lara. La organización afirmó que el hecho “vuelve a evidenciar el abandono institucional y la ausencia de atención médica en las cárceles del país”.

Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Rodríguez Ruiz, quien falleció a causa de tuberculosis (TBC), y Alfredo José Febres, cuya muerte se produjo tras presentar un cuadro de deshidratación y diarrea.

De acuerdo con la oenegé, la responsabilidad de ambas muertes recae sobre las autoridades del Gobierno interino. El organismo argumentó que una persona privada de libertad no decide cuándo acudir a un médico, no puede adquirir sus medicamentos ni trasladarse a un hospital por cuenta propia cuando su salud se deteriora, sino que su vida depende exclusivamente de los funcionarios que ejercen su custodia.

Al respecto, la organización señaló que los decesos por afecciones tratables o por insuficiencias no atendidas a tiempo no constituyen una fatalidad, “sino de la consecuencia del abandono y la negligencia del Estado”.

Denuncian incumplimiento de normativas sanitarias

El Observatorio sostuvo que la situación en los recintos carcelarios desmonta el discurso oficial sobre un sistema “humanista”. Según el reporte, los centros de reclusión del país enfrentan escasez de agua potable, deficiencias en la alimentación, falta de medicamentos y ausencia de atención médica permanente.

De igual manera, la entidad denunció el incumplimiento de las Reglas Mandela, normativa internacional que obliga a garantizar a la población reclusa un nivel de atención sanitaria equivalente al disponible para la ciudadanía en general.

El OVP aseveró que cada deceso bajo custodia representa una grave violación de los derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Estado.

Indicó también que mientras ocurran muertes por enfermedades prevenibles o tratables, existe “una política de abandono que continúa cobrando vidas tras las rejas”, al tiempo que ratificó su compromiso de documentar y denunciar estos casos ante mecanismos nacionales e internacionales de protección.

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