La madrugada del 9 de febrero, Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida mientras se disponía a emprender un viaje junto a su hija, por presuntamente estar relacionada con su presunta participación en la conspiración denominada “Brazalete Blanco”.
Desde entonces, han transcurrido cuatro meses sin que San Miguel haya podido tener contacto con sus abogados privados, lo cual, según defensores de derechos humanos, vulnera su derecho a un juicio justo.
La ONG Defiende Venezuela denunció que San Miguel ha sido víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos desde su arresto, incluyendo los derechos a la libertad y seguridad personal, a un juicio justo, a la libertad de expresión y opinión, a no ser sometida a torturas o tratos crueles, y a la protección judicial.
La organización enfatizó que el derecho a un juicio justo está consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Defiende Venezuela señaló que San Miguel ha permanecido en detención preventiva sin acceso a un tribunal independiente e imparcial, y sin la posibilidad de comunicarse adecuadamente con su abogado defensor. Tampoco se han establecido fechas concretas para una audiencia, lo que agrava su situación.
El abogado Juan González Taguaruco, parte del equipo defensor de San Miguel, explicó que la hija de San Miguel designó una defensa privada conforme al artículo 127, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, el juez Carlos Enrique Liendo no tomó las medidas necesarias para constituir formalmente la defensa técnica.
Debido a estas irregularidades, se interpuso una acción de amparo que fue declarada inadmisible por la Sala Especial Segunda de la Corte de Apelaciones de Terrorismo. La decisión fue apelada y actualmente está en espera de resolución por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Defiende Venezuela sostiene que el proceso de San Miguel carece de transparencia y garantías procesales básicas, lo que pone en evidencia un sistema judicial parcializado y politizado. La ONG también denuncia que San Miguel ha sido sometida a condiciones de aislamiento prolongado en el Sebin El Helicoide, sin asistencia médica adecuada, en violación de normativas internacionales.
Acusaciones en la conspiración “Brazalete Blanco”
Las autoridades venezolanas afirman que la conspiración “Brazalete Blanco” tenía como objetivo atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno, así como atacar instalaciones militares.
Según el fiscal Tarek William Saab, San Miguel tenía la tarea de informar sobre los ataques para darle credibilidad a la conspiración ante los medios de comunicación. Como evidencia, presentó el contacto telefónico de San Miguel con Anyelo Heredia, el líder de la conspiración, junto con pagos de una transnacional petrolera y mapas militares incautados en su vivienda.
San Miguel ha sido acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y se encuentra bajo prisión preventiva por orden del Tribunal 2 de Control con Competencia en Terrorismo.
Detenciones Relacionadas
El 10 de febrero, Miranda Díaz y su padre, Víctor Díaz Paruta, fueron arrestados en el aeropuerto internacional de Maiquetía al intentar retirar equipaje dejado el día anterior. El 11 de febrero, los hermanos Miguel y Alberto San Miguel también fueron detenidos.
Todos ellos fueron presentados ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, pero no han sido formalmente acusados por la Fiscalía, manteniéndose sus casos en fase preparatoria.
El coronel retirado Alejandro González De Canales Plaza, expareja de San Miguel, fue detenido el 9 de febrero en Anzoátegui y acusado de revelar secretos políticos y militares, obstrucción a la justicia y asociación.
González ha estado incomunicado y fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I. Solo su padre, de 83 años y con problemas de salud, ha podido tener contacto con él.
Los abogados defensores han apelado la inadmisibilidad de las acciones de amparo presentadas, y están a la espera de una decisión por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Fuente: TalCual.
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septiembre 28, 2024
