“La prohibición de manifestaciones pretende dar un barniz de legalidad a la criminalización de la protesta”, dice Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD. Expertos estiman que Gobierno busca ganar tiempo con mesa de diálogo tras decisión del tribunal
La decisión emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que limita las protestas e impide a los medios de comunicación social cubrirlas, bloquea y afecta no solo las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), sino de todos los venezolanos en el pleno ejercicio del derecho de expresarse y recibir información veraz, además evidencia una “violación masiva” de los derechos humanos (DDHH), según analizan abogados constitucionalistas.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y poderes públicos. La decisión a su vez, rechaza aquellas actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico.
La sentencia evita a la Asamblea Nacional ejercer sus funciones jurídicas, impide a sus voceros y a otros actores convocar movilizaciones hacia zonas declaradas como seguridad, también a que realicen convocatorias masivas en desconocimiento o agresión de los poderes públicos, prohíbe a los medios de comunicación social la cobertura de protestas de calle y ordena al Ejecutivo nacional a tomar las previsiones necesarias para el resguardo de la integridad física tanto de los ciudadanos como de los bienes que se encuentran en dichas sedes.
Para el especialista en leyes Fortunato González, esta sentencia confirma el “estado de dominación” que ejerce el Gobierno nacional en combinación con el TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo con la avenencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el apoyo de los colectivos armados y motorizados. “La decisión ratifica la existencia en Venezuela de una dictadura”.
La sentencia -a su juicio- atenta contra la autoridad del Parlamento nacional y el estado de derecho en el que deja clara la “violación masiva” de los derechos humanos y en el que pone al Gobierno en evidencia de que usa la mesa de diálogo con la oposición para tomar tiempo, mientras que la crisis se profundiza en el país.
El abogado Juan Berríos explicó que la decisión bloquea a la AN, la cual está inhabilitada para ejercer sus funciones, incluso destacó que así se materialice la desincorporación de los diputados de Amazonas el desacato impuesto por el TSJ no se elimina.
Indicó que las decisiones de la Sala Constitucional no admiten ningún tipo de recurso, en teoría la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aunque apele a la sentencia del TSJ, no tendrá ninguna efectividad. “La sentencia deja claro que se sigue usando al tribunal con fines políticos, limitando espacios para las manifestaciones populares, lo cual es un exceso de ese poder”.