Agentes de la Policía Nacional de España liberaron a 11 mujeres víctimas de explotación sexual por una organización criminal asentada en Arrecife (Lanzarote), provincia de Las Palmas, hasta donde las víctimas, mujeres vulnerables de origen latinoamericano, principalmente de Colombia y Venezuela, eran captadas en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo en España como empleadas de hogar o webcammers.
Sin embargo, cuando llegaban a la isla las sometían a un sistema de multas y vivían hacinadas en habitaciones, sin puertas ni ventanas, donde les obligaban a prostituirse para saldar la deuda que podía alcanzar los 10.000 euros, informó la Policía Nacional en nota de prensa.
La liberación de las víctimas fue posible gracias a la denuncia de dos de ellas, que permitió la detención de seis personas en Arrecife, así como la intervención de 9.085 euros y 2.200.000 de pesos colombianos en metálico.
Según las investigaciones, la organización criminal captaba a las víctimas en sus países de origen, donde contaba con colaboradores que se encargaban de localizar mujeres en situación de escasez y penuria económica a las que ofrecían falsas ofertas de trabajo en España como empleadas del hogar o en algunos casos como webcammer para hacer transmisiones por internet con contenido erótico, pero sin contacto físico con clientes.
Férreo control
La organización tenía sometida a las mujeres a un “férreo control” a través de sistemas de video vigilancia, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día sin poder rechazar ningún servicio y a consumir drogas en el caso de que se les requiriera, todo ello bajo graves amenazas físicas hacia ellas y sus familiares.
En cuanto a la deuda impuesta por la red criminal se incrementaba continuamente mediante un sistema de multas que dificultaba a las mujeres poder satisfacerlas. En concreto, las sanciones que rondaban entre los 20 y los 40 euros se imponían por hechos como no limpiar, no sacar la basura o regresar al piso después de la hora permitida.
Los ahora detenidos se quedaban con el 40 por ciento de los ingresos generados por las mujeres aunque realmente estas no recibían cantidad alguna hasta que no saldaban la deuda contraída.
La organización criminal también se hacía cargo de la publicación de los servicios sexuales en páginas web especializadas y varias encargadas, conocidas como “mamis” eran responsables de atender los teléfonos de contacto a los que llamaban los clientes y de controlar el pago de los servicios, que se podía hacer en metálico, con tarjeta bancaria e incluso a través de una aplicación de pago por teléfono móvil.
Fuente: Radio Televisión Canaria
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julio 2, 2024
